En todas las ciudades de Boyacá, hay una avanzada de la DIAN sin precedentes, que deja ver una política de recaudos que busca fortalecer las finanzas públicas del gobierno central, esto a pesar de que de 2000 a 2007, los recaudos de la DIAN Tunja, se han casi que cuadruplicado.
No es de discutir cual es el afán del gobierno del presidente Uribe en aumentar por esta vía el recaudo de los impuestos indirectos, lo cierto es que el favor que han motivado es el excesivo gasto del cual aún mantiene un déficit del 4 % del PIB.
Este gobierno de todos es conocido, ha hecho innumerables esfuerzos para atraer la inversión extranjera directa, y los instrumentos han sido una rebaja en cerca del 50% en el impuesto de renta, al Pasar del 30% al 15%, y una disminución en materia aduanera; para los importadores de materias primas, especialmente a multinacionales como Sab Miller entre otras, que han generado un desequilibrio de las finanzas públicas y que el gobierno se ve obligado a compensar con este tipo de medidas de choque mediante la inclusión a todos los pequeños contribuyentes del país al régimen común, lo que en términos tributarios significa un proceso regresivo y abiertamente atentatorio contra los pequeños y medianos empresarios, del cual no se excluye a Boyacá.
La espiral de gastos y especialmente lo que demanda la guerra que libra internamente este gobierno, han hecho crecer la necesidad de impuestos, y estos han recaído sobre el consumo, es decir los impuestos indirectos que son los más regresivos, no solamente se esta endeudando internamente, en cifras que llegan a los 85 billones de pesos, cuando en el 2002 no llegaba a los 40 billones.
La fragilidad del déficit de balanza comercial, es cercana al 5% del PIB esta ha transformado en una debilidad la seguridad del país en los mercados internacionales, y no sorprende que a pesar de los dólares que inundan los mercados de países emergentes incluyendo a Colombia, hoy Colombia pierda confianza y se eleve el nivel de los spread , lo que encarece la deuda en dólares y debilita la tasa de cambio, otra de la gran tragedia del manejo macroeconómico desacertado.
Finalmente, y en este desespero el gobierno se apresta a vender todo lo que encuentre a su paso, por esto va a insistir en vender las electrificadoras de los cinco departamentos, y ya anunció que para finales del mes de marzo, abrirá un nuevo proceso, con lo cual nos coloca nuevamente en la venta de la Empresa de Energía de Boyacá; ya se está adelantando una campaña agresiva de desinformación en contra de las empresas acusándolas de deficientes, y lanzó una anzuelo bajando las tarifas que cobra la de Cundinamarca para equipararlas con Bogotá, es decir con las de Condensa. La creatividad, el populismo y la manera mafiosa como se actúa, no dejan ver sino la inmoralidad del régimen acudiendo a todos los métodos, para justificar la venta de la totalidad de los activos del estado.
Vamos a ver como responden las autoridades y la clase política regional en esta nueva etapa, cuando el mismo gobierno acusa de ladrones y picaros a alcaldes y gobernadores; por que entre otros, dice, se han robado las regalías, los recursos del acueducto, y los alcantarillados, no invierten sus excedentes en TES, etc. vamos a ver si la gente en el departamento de Boyacá actúa con algo de dignidad para defender la poca autonomía que queda y la empresa de energía EBSA.
Por esto fue una verdadera sorpresa que nadie ha mirado con detenimiento: lo que el secretario de hacienda del departamento Raúl Cely planteó en días pasados y es el hecho que la gobernación de Boyacá esta pensando en constituir una entidad de carácter público, en el marco de la ley 142 para prestar los servicios públicos domiciliarios en el departamento, estilo EPM, lo cual generaría un verdadero hecho político y social que vale la pena estudiar por que encaja perfectamente con la exigencia que los usuarios, trabajadores y comunidad de Boyacá, hemos exigido y luchado. El gobierno de Uribe en caso de constituirse dicha entidad, podría entregar las acciones de la EBSA al ente territorial, ahora a través de una entidad especializada en prestar dichos servicios públicos, lo cual nos enseña que sí se puede pensar en resolver los verdaderos problemas de fondo.
PEDRO PABLO SALAS HERNÁNDEZ.
CONCEJAL DE TUNJA.
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