A PROPÓSITO DE LA CUMBRE DEL PARTIDO VERDE

UN DEBATE PENDIENTE

El presidente Uribe aún sobrevive a la tragedia ética y moral que golpea al país, y que él mismo ha originado a través del proyecto político que diseñaron los sectores mafiosos ligados al narcotráfico, los señores de la guerra, de la tierra y los dueños de los votos conquistados con masacres, terror y apropiación violenta del estado en las regiones donde las bandas paramilitares hicieron presencia, en alianza con sectores del empresariado y de la fuerza pública.

En regiones como Boyacá, este proyecto obedece a lógicas distintas, Boyacá en el conflicto armado y el control de la población no representó en los últimos años un problema para el avance de la derecha, las expresiones de un nuevo liderazgo corresponden a lo que esta derecha a querido y conquistado para Boyacá desde el punto de vista social, y económico, con una profundización del asistencialismo miserabilista, y un modelo de desarrollo excluyente, coordinado desde el estado central con una figura en apariencia renovadora que jalonó este proyecto político desde la gobernación.

Un análisis simple, lo configura el predominio en la ejecución de políticas en infraestructura, que se lideraron desde la gobernación, con pérdida de la representación de alcaldes desde los municipios, los cuales vieron involucrados sus presupuestos en convenios de pavimentaciones de anillos viales, sacrificando sus prioridades, convirtiéndose en imposiciones que violentaron la planeación de los municipios, por la fragilidad de los recursos que tienen estos para poder cumplir sus propios planes de gobierno, según análisis de la escuela ESAP.

Igualmente, los recursos para el plan para aprender PAPA, se hicieron sin consultar a la población escolar por atender en municipios con ruralidades incipientes. Los avances se hicieron a expensas del reconocimiento de las autoridades locales, de sus propias prioridades so pena de quien no se sometía a los dictámenes del departamento, fuera calificadas de inepto, mal gestor e incluso de corrupto, por no apropiar los recursos que se direccionaron para obras según el capricho del gobierno departamental.

La pérdida de autonomía de los municipios y los territorios consolida la tendencia del proyecto centralista del presiente Uribe, con los consejos comunitarios y una réplica que tuvo en el departamento en la era de Jorge Eduardo Londoño.
Es de conocimiento público el debate que se le ha hecho a esta figura en cuanto a la pérdida de sectores estratégicos para el desarrollo de Boyacá, y su aconductamiento a los lineamientos de la feria de activos que traza la política del gobierno central, socavando las posibilidades para que Boyacá pueda consolidar un desarrollo regional con un paradigma distinto al de la extracción en bruto de recursos naturales, recursos hídricos etc. con un resultado palpable de la emigración de la fuerza de trabajo y empobrecimiento de sus gentes.

Un discurso nuevo, de contenidos viejos demuestra que la política de cambio en Boyacá en esta materia está por realizarse. El viejo clientelismo, la malversación de recursos públicos, el direccionamiento de la contratación y la corrupción, fueron tan contundentes en la era Londoño Ulloa, que es inevitable enseñar algunas cifras.

En el año 2007, incluyendo el mes de octubre que fue de campaña electoral, la gobernación de Boyacá, bajo la figura de ‘ejecución de actividades de mano de obra no calificada’, destinó a 1200 juntas de acción comunal del departamento un valor a cada una, de $3.000.000 millones de pesos, la módica suma de $3.600 millones de pesos, (tres mil seiscientos millones de pesos) hecho que obligó a la intervención de la procuraduría, ¿significa esto que un ciudadano sea enemigo de las juntas acción comunal?, no, pero los recursos públicos no se pueden manejar así.
Las cifras escandalosas (suministradas por la oficina de contratación) para inversiones efectuadas en el año 2007, demuestran el grado de violación a la ley y el juego sucio que en una sociedad civilizada y seria, jamás se podía haber permitido, especialmente en vísperas de una jornada democrática. La contratación ascendió a la suma de $34.921.124.283.483, (treinta y cuatro mil novecientos veintiún millones de pesos) en obras de pavimentación, en municipios, muchas de las cuales hoy presentan un cuadro de deterioro ¿con cuántos sacrificios por convenios se sometieron los municipios para la ejecución de tales obras, y en beneficio de quién iban direccionadas?.

Es bueno que en la cumbre del partido verde en Paipa, discutan estos temas y se le explique a los alcaldes la pérdida millonaria de recursos para acueductos y alcantarillados por recorte de transferencias de la ley 1176 del 2007, en un valor promedio de $400 millones por municipio, y si están de acuerdo que el señor secretario de hacienda Raúl Cely, de común acuerdo con el DNP, y el ministerio de hacienda en esta misma lógica les arrebate el manejo de los recursos a los alcaldes. Igualmente invitar a esta organización y a sus bases para que llamen la atención del Gobernador José Rozo Millán por su beneplácito a la venta de la Empresa de Energía de Boyacá, no obstante la gravedad que para el departamento significa la privatización de esta empresa comercializadora de energía.

Esta es una pequeña muestra que sustenta mis diferencias con el señor Jorge Eduardo Londoño, en un debate por la transparencia en Boyacá. No es el ánimo afectar el proyecto político de líderes y jóvenes que hoy quieren hacer política en nuestro departamento, tienen todo el derecho a hacerlo, pero lo que no puede una figura es involucrar a un colectivo social en un discurso de renovación y cambio cuando su praxis política no lo diferencia de los viejos caciques corruptos que ha producido la pobre democracia regional.

PEDRO PABLO SALAS HERNÁNDEZ.
CONCEJAL DE TUNJA.