COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
LA MESA PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS HUMANOS Y LO PÚBLICO
DENUNCIA Y RECHAZA:
Ö La actitud autoritaria e intransigente de las actuales directivas de la U.P.T.C. ante la expresión movilizatoria pacífica de la comunidad académica en defensa de la educación pública y en contra de las determinaciones gubernamentales en referencia a las Políticas Académicas y financiación de la universidad, el Plan de Desarrollo, el recorte de Transferencias y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
LA MESA PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS HUMANOS Y LO PÚBLICO
DENUNCIA Y RECHAZA:
Ö La actitud autoritaria e intransigente de las actuales directivas de la U.P.T.C. ante la expresión movilizatoria pacífica de la comunidad académica en defensa de la educación pública y en contra de las determinaciones gubernamentales en referencia a las Políticas Académicas y financiación de la universidad, el Plan de Desarrollo, el recorte de Transferencias y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Ö La conducta omisiva, indiferente e irrespetuosa de las directivas ante las propuestas producto del debate y reflexión de la comunidad académica de las distintas facultades y seccionales de la universidad, con el ánimo de imponer de manera inconsulta determinaciones que afectan profundamente la calidad académica y vulneran la autonomía universitaria; hecho que ha determinado por parte del movimiento estudiantil y profesoral continuar en Asamblea Permanente hasta tanto se obtengan soluciones a la problemática.
Ö Las constantes amenazas y presiones por parte de las autoridades locales y universitarias a los estudiantes que permanecen en el campus universitario, en el sentido de desalojarlos por la fuerza pública y comenzar procesos de judicialización en especial a las representaciones estudiantiles, criminalizando de esta forma la protesta estudiantil y poniendo en riesgo su seguridad personal.
Ö El desalojo violento de los estudiantes menores de edad del Colegio INEM Carlos Arturo Torres por parte de la fuerza pública el día 29 de mayo en horas de la noche, utilizando además de la intimidación y agresión física y psicológica, elementos como gases lacrimógenos y armas de fuego, además de causar daños en la infraestructura física del plantel.
Ö Las agresiones crueles e inhumanas a los estudiantes menores de edad, entre los cuales se encontraba una adolescente gestante, quien a pesar de las advertencias sobre su estado, fue golpeada por la fuerza pública.
Ö El anómalo procedimiento en la ejecución del desalojo a la toma pacífica de los estudiantes menores de edad del mencionado plantel, sin mediar justificación para este desafortunado hecho ni contar con la presencia de instancias garantes de derechos humanos como la Defensoría del Pueblo y la Personería, configurando una evidente vulneración de los derechos de estos menores de edad.
Por lo anterior
Y EN DEFENSA Y PREVALENCIA DE LOS DERECHOS CIUDADANOS
Se hace un exigente llamado
Ö A las autoridades pertinentes, iniciar las correspondientes investigaciones contra los responsables de estos graves hechos.
Ö A los gobiernos nacional, departamental y municipal, establecer las directrices para la resolución de conflictos en el marco de la preservación y garantía de los Derechos Humanos.
Ö A las instancias de control, ejercer prioritariamente la garantía de los derechos constitucionales de los estudiantes, en especial de los menores de edad.
Ö A las directivas y comunidad académica de las instituciones afectadas, realizar los procedimientos y acciones encaminadas a proteger la integridad tanto física como psicológica y mental de los participantes en esta justa protesta.
Ö A la ciudadanía, ejercer formas de presión frente a las actuaciones de las autoridades educativas, policivas y de control, en una actitud solidaria y con el ánimo de exigir la garantía de los derechos de los estudiantes universitarios y menores de edad que permanecen en las instituciones.
Ö A las organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos, realizar las acciones ante las instancias pertinentes para reclamar la responsabilidad frente a estos graves hechos de vulneración a los derechos ciudadanos, en especial de estudiantes universitarios y menores de edad.
Tunja, 30 de Mayo de 2007
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