Por PEDRO PABLO SALAS HERNANDEZ
CONCEJAL DE TUNJA
Este 27 de junio de 2009 se vence el plazo que el Ministerio impuso a los alcaldes, de los 120 municipios de Boyacá a través del decreto 1477,para que se certifiquen, es decir para que cumplan con el manejo de los recursos del sistema general de participaciones, creen el fondo de subsidios y redistribución de ingresos, estratifiquen a los habitantes con las metodologías que controla la superintendencia de servicios públicos, y busquen el equilibrio financiero de las empresas, aplicando la metodología de subsidios y contribuciones.
Los municipios que no cumplan con los requisitos, serán desertificados, ya sea por que son operadores directos o como sucede con los acueductos que los manejan comunidades organizadas, a través de cooperativas, asociaciones; pero aquellos que no cumplan con los requisitos impuestos, los recursos pasaran a manejo del departamento que ya nombro al gerente al señor, JULIO CESAR GONZALEZ, de Uniboyaca, que de entrada manejara recursos equivalentes a el 5.5% del SGP, dicha gerencia decidirá de común acuerdo con la junta directiva del PDA, sobre los 40 mil millones del 2008, que le llegan por este concepto a los 120 municipios de categoría 6, y de los $170 mil millones del 2008 – 2011
La contraparte, el gobierno de Boyacá entra con $4 mil millones de pesos, y el gobierno nacional por una sola vez participa con $23.000 mil millones de pesos, de acuerdo al la ley 1151 o Plan Nacional de Desarrollo. Es decir que la bolsa creada para financiar la política de los planes departamentales de agua se hace en una mayor proporción con los recursos de las alcaldías, y son otros los entes que decidirán sobre los proyectos, y determinan cuales son sus necesidades y prioridades.
La parte base de la financiación del sistema como ha sido planteado por el gobierno y el Ministerio de Medio Ambiente, la soportarán los usuarios de los servicios de acueducto y alcantarillado, ya que se hace inminente al incremento de tarifas, aplicando los esquemas tarifarios que ordena la Comisión de Regulación de acueducto y alcantarillado. En Boyacá se esta montando un negocio con cerca de 400 mil suscriptores para que se cumpla el mandato de la ley 142, y el Compes 3463 sobre planes departamentales de agua, que ordenan la liquidación de los operadores existentes, y la entrada al mercado de un operador especializado, llámese privado para que preste el servicio con niveles de rentabilidad.
Algunos alcaldes conscientes del reto y para evitar las amenazas que les ha impuesto la procuraduría en sancionarlos si no cumplen, están organizando los acueductos comunitarios existentes, desarrollado sus planes de manejo para que las comunidades puedan ser dueñas de sus propias empresas. El gobierno comete un error al buscar privatizar el recurso del agua, al cual hoy tienen derecho todos los boyacenses.
Los municipios que no cumplan con los requisitos, serán desertificados, ya sea por que son operadores directos o como sucede con los acueductos que los manejan comunidades organizadas, a través de cooperativas, asociaciones; pero aquellos que no cumplan con los requisitos impuestos, los recursos pasaran a manejo del departamento que ya nombro al gerente al señor, JULIO CESAR GONZALEZ, de Uniboyaca, que de entrada manejara recursos equivalentes a el 5.5% del SGP, dicha gerencia decidirá de común acuerdo con la junta directiva del PDA, sobre los 40 mil millones del 2008, que le llegan por este concepto a los 120 municipios de categoría 6, y de los $170 mil millones del 2008 – 2011
La contraparte, el gobierno de Boyacá entra con $4 mil millones de pesos, y el gobierno nacional por una sola vez participa con $23.000 mil millones de pesos, de acuerdo al la ley 1151 o Plan Nacional de Desarrollo. Es decir que la bolsa creada para financiar la política de los planes departamentales de agua se hace en una mayor proporción con los recursos de las alcaldías, y son otros los entes que decidirán sobre los proyectos, y determinan cuales son sus necesidades y prioridades.
La parte base de la financiación del sistema como ha sido planteado por el gobierno y el Ministerio de Medio Ambiente, la soportarán los usuarios de los servicios de acueducto y alcantarillado, ya que se hace inminente al incremento de tarifas, aplicando los esquemas tarifarios que ordena la Comisión de Regulación de acueducto y alcantarillado. En Boyacá se esta montando un negocio con cerca de 400 mil suscriptores para que se cumpla el mandato de la ley 142, y el Compes 3463 sobre planes departamentales de agua, que ordenan la liquidación de los operadores existentes, y la entrada al mercado de un operador especializado, llámese privado para que preste el servicio con niveles de rentabilidad.
Algunos alcaldes conscientes del reto y para evitar las amenazas que les ha impuesto la procuraduría en sancionarlos si no cumplen, están organizando los acueductos comunitarios existentes, desarrollado sus planes de manejo para que las comunidades puedan ser dueñas de sus propias empresas. El gobierno comete un error al buscar privatizar el recurso del agua, al cual hoy tienen derecho todos los boyacenses.
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