Boyacá, solo exige que se diga la verdad

Las graves denuncias que se han ventilado desde hace varios días por distintos medios, locales y nacionales son muy preocupantes y los boyacenses tenemos derecho a que frente a las acusaciones que se están adelantando por distintos órganos de control, ante presuntos hechos de falta a la ética y la moral administrativa en que incurrió la administración de Jorge Eduardo Londoño, con mas de 160 demandas, ante procuraduría, fiscalía, otro tantos hallazgos por malversación de recursos públicos que adelanta la Contraloría General de la nacion, en relación con el manejo de regalías etc. Los boyacenses exigen hoy resultados concretos especialmente por ser inocultable la incidencia que en materia de decisiones sigue ejerciendo el anterior gobernador, lo que ha creado una crisis administrativa y política, que nos coloca en la opinión nacional ante una alteración del orden institucional, con crisis de gobernabilidad, llevándonos a un pasado que se creía superado.
El temor de muchos boyacenses es el que por presiones del gobierno nacional, el departamento adelanta algunos negocios en donde se involucran decisiones de transcendencia para Boyacá, una es la enajenación o venta de la Empresa de energía de Boyacá, donde a finales del mes de junio del 2009, la Gobernación deberá presentar propuesta con un operador idóneo, recibiendo como contraprestación el departamento una suma cercana a los 40 mil millones de pesos, para que la EBSA pase a ser manejada por otro operador, y no menos importante, la descertificación en acueductos y alcantarillados de 120 municipios a finales del mes de junio que ordena el Ministerio de Medio ambiente, con lo cual se le quitarán cerca de $42.000 mil millones de pesos, a los alcaldes y que serán manejados por una junta directiva que dependerá de la Gobernación de Boyacá, donde ya se nombro un gerente afecto a los intereses de Jorge Londoño, como es el señor Julio Cesar González. La falta de legitimidad, que hoy pesa sobre funcionarios aun activos con poder de decisión sobre estos temas como Raúl Cely, exige la suspensión de estos procesos o negocios, donde se requiere de la mayor transparencia y honestidad con el departamento, es necesario que se aclaren ante la opinión publica, sendas demandas que han obligado a que ciudadanos afectados por archivos de procesos o absoluciones, hayan tenido que recusar a fiscales, lo cual crea un clima de desconfianza y desmoralización frente a la lucha contra la corrupción especialmente, cuando estas surgen del ciudadano de a pie, que se resiste a creer que la justicia, y el orden institucional no estén por encima de acuerdos políticos que conllevan a crear un clima de impunidad y desmoralización generalizada en el departamento de Boyacá.