La hora del agua.

En varios municipios ya se han creado las empresas, prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, los alcaldes y concejales se han puesto a la tarea de cumplir con las exigencias dentro de los términos del gobierno, y la procuraduría. Desde el año pasado han hecho a la topa tolondra lo que la ley les ha ordenado, para no ser des certificados, para que no les quiten los pocos recursos que por saneamiento les entrega la nación, sin embrago por derecha ya la gobernación se queda con el 30%, de estos recursos, que les manejara el nuevo gerente de la empresa departamemental de aguas.
No han faltado los asesores y consultores, que les están cobrando los millones a las Alcaldías para diagnosticar el estado de las redes, el nivel de potabilización del agua, el monto a cobrar por facturación para que el negocio sea rentable, perdidas y fugas del sistema, estratificación socioeconómica etc.
La mayor parte de Alcaldes debieron firmar antes del 27 de junio un acuerdo de mejoramiento para que el Ministerio de Medio Ambiente no los des certifiqué, la reacción de los pobladores en los cascos urbanos y los habitantes nucleados a los cascos urbanos, la mayor parte campesinos, no se ha hecho esperar, cuando a estos se les habla que se están robando el agua que les están echando a sus vacas, y que estas perdidas o fugas se la van a cobrar, o que es un delito que es carcelable quedan atónitos. La mayor parte del agua que consumen los pobladores en Boyacá no se registra, no se cobra, es gratis, no se tasa por metros cuadrados, por consumos básicos, luego si gastan mas de 20 metros, por consumo suntuario, no hay ricos ni pobres, la mayor parte son de estrato uno, es decir es un recurso abundante que se ha prestado por comunidades organizadas y por Alcaldías con criterios absolutamente sociales.
Las primeras facturas, para acueductos, alcantarillado, y aseo para los suscriptores de muchos de los pueblos de Boyacá les significaran en lo inmediato incrementos superiores al 500%, los modelos tarifarios ya fueron aprobados por muchas de las juntas, en no pocos casos del bolsillo de alcaldes y concejales, y una que otra Junta de Acción Comunal. Hasta ahora se están dando los procesos de socialización, y los ciudadanos comienzan a entender el nuevo marco de regulación que estará en manos de la súper intendencia de servicios públicos, a través de la comisión de acueducto y alcantarillado. La discriminación por estratos, por usos del agua, por metraje en consumos, por peso en las basuras que producen, cargos fijos, etc. Es el nuevo lenguaje que antes que técnico cumple con la directriz de una agresiva política nacional, que busca hacer del agua y del manejo de residuos sólidos un negocio rentable para particulares a través de lo que el Ministerio de Medio Ambiente y los señores de planeación han denominado los operadores especializados, que son en ultimas los que están detrás del negocio y que en la actualidad, ´´los técnicos´´ contratados por Alcaldes mas que informar a las comunidades están amaestrando a los nuevos clientes, de este gran negocio que se abre para la confianza inversionista de común acuerdo, a los parámetros de la ley 1151 o plan de desarrollo “hacia un estado comunitario”´, en el capitulo del manejo del agua.