A finales del año pasado se frustró la privatización de la Empresa de Energía de Boyacá junto a otras cuatro electrificadoras regionales, las cuales por exigencia del Fondo Monetario iban a ser entregadas a menos precio a manos de oligopolios privados extranjeros, cuyas consecuencias en regiones donde ya se cumplió dicho proceso como en la costa atlántica han sido más de 250 mil familias desconectadas del servicio, personas electrocutadas al manipular electrodomésticos debido al despido de operarios encargados del mantenimiento y control de los sistemas de transmisión.
La movilización de trabajadores y usuarios, como la marcha al Puente de Boyacá, acompañada de la acción popular interpuesta por detrimento patrimonial y contra la moralidad administrativa, dio al traste con tales pretensiones. Como el juzgado primero administrativo de Tunja decretó la suspensión del proceso de venta hasta tanto se conozcan estudios sobre el real valor de la empresa, y similarmente en otras electrificadoras se frenó el proceso, entonces el gobierno nacional, a finales de enero, expidió un decreto elevando el valor de la acción en un 20%, lo que equivale a reconocer que efectivamente estaban subvaloradas. Luego para evadir la medida cautelar expidió el decreto 589 del 28 de febrero de 2.008 donde supuestamente da por terminado el proceso de venta, pero astutamente deja vigente la primera etapa surtida, y apenas la juez de primera instancia cae en la trampa y el 10 de abril profiere sentencia por medio de la cual se decide terminar de manera anticipada la acción popular por carencia de objeto, llegan el señor Ministro y Viceministro de Minas y Energía a festejar en -reunión a puerta cerrada- según expresión del periódico Puente Boyacense – con el señor gobernador , y de allí sale a anunciar por todos los medios de comunicación que la Empresa de Energía de Boyacá será vendida y esboza un cronograma de entrega.
Esto deja claro que lo que se está configurando sería un fraude procesal, porque por un lado expide un decreto diciendo que da por terminado el proceso de venta, mientras le levantan las medidas cautelares, y el 14 de abril ya está hablando de que la venta sigue en firme incluyendo la primera etapa cumplida. Enredados en su misma legalidad sus actuaciones bordean el campo del delito en su afán de dar cumplimiento a las exigencias del Fondo Monetario vocero del capital financiero internacional, y para hacerse merecedores de sus canonjías, como lo expresara Stiglithz sobre la aplicación del formato de la privatización con corrupción al más alto nivel del ejecutivo de los gobiernos que han entregado la soberanía nacional. Para los boyacenses no es conveniente enredarse en quién tiene la propiedad accionario si la nación o el departamento, sabemos que la tiene la nación, la cuestión es si ese Estado Nación al servicio de quién debe colocarse, si a favor de las grandes mayoría nacionales o al lado de un puñado de negociantes con inmensos capitales sedientos de ganancias.
Y si de niveles de Estado y/o de gobierno se trata bien puede el nivel nacional ceder su propiedad al nivel departamental y/o municipal o viceversa como sí lo tienen en cuenta en los planes departamentales del agua, en que la infraestructura municipal podría pasar a la nación y de esta a los operadores privados, quedándole al municipio la deuda. Urge entonces la unidad y movilización de los más amplio sectores sociales y económicos de Boyacá por la defensa de un patrimonio construido en más de 50 años, mes a mes, con el pago de la factura, y que hoy pretende entregarse a multinacionales norteamericanas o con fachada española como la multinacional Codensa – Endesa, símbolo de la más retardataria recolonización.
Tunja, 19 de abril de 2008.
OLIVERIO CASTILLO BURBANO
Actor Popular Contra la Venta de l EBSA
Celular 3114929166.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comente y opine, enriquezca el debate