Las comunidades de la zona oriental de la ciudad de Tunja, exigen obras a INCO.

Todo parecía estar bien con el paso de la perimetral por la ciudad hasta que comenzaron ha pasar los primeros carros y vinieron los accidentes.
El trazo de la perimetral por Tunja, contemplo las obras básicas, y dejo por fuera obras prioritarias, como son los pasos de vías urbanas, y la conexión de la ciudad con sus áreas de expansión hacia el sector rural. Caben mencionar, la avenida los patriotas que comunica a Tunja, con Soraca y 21 municipios de las provincias de la zona de Márquez, Neira y lengupa y las antigua vías que comunican a Tunja con Oicata, y demás áreas de la vereda de Pirgua, estas exigencias se hacen con base en lo establecido en el acuerdo 014 de 2001 o plan de ordena miento territorial.
A través de un proceso organizativo desde el 2007, las comunidades advirtieron al alcalde Benigno Díaz, y a su Personero, Libardo Ángel Gonzales para que estas obras se incluyeran en los diseños de la Perimetral, pero no fueron escuchados por estos funcionarios y mucho menos por el INCO.
Solarte y Solarte, decide serrar con los separadores el flujo de vehículos de los sitios atrás mencionados, y las comunidades los abren por su propia cuenta, hasta que se dan los diálogos con INCO y estos deciden hacer un estudio de transito de la semana del 11 al 18 de junio de los corrientes, para valorar el impacto de la movilidad vehicular y peatonal de las zonas en conflicto.
Lo cierto es que los derechos que exigen los habitantes de estos sectores, están respaldados jurídicamente por resoluciones del ministerio de transporte, la ley 99 del 93 o de medio ambiente acciones populares que los afectados han incoado ante los jueces en la ciudad de Tunja, con un acompañamiento jurídico y técnico de la Facultad de derecho de la UPTC y conocedores del tema como el Ingeniero Gabriel Méndez, y la mesa permanente por la defensa de los Derechos Humanos a través del concejal Pedro Pablo Salas.
Esta previsto para este 19 de junio, una reunión a instancias del alcalde Arturo Montejo y los señores de INCO, con las comunidades para levantar un acta de acuerdo de voluntades con el fin de darle viabilidad al comienzo de las obras que se desarrollaran a partir de la actual vigencia, para que de esta manera las comunidades de los patriotas y de la vereda de Pirgua entre otras puedan estar seguras que el concesionario de la vía, no levantará la planta de operaciones que tiene en Tunja, hasta tanto no se haya concluido el desarrollo de estas obras que se están reclamando.
Por el momento existe una alerta de todo el sector de la zona oriental de la ciudad quienes se han organizado para exigir que las obras se hagan en el menor tiempo posible, y de esta forma que los niños que van a las escuelas y colegios no se vean atropellados por los vehículos como ya sucedió en el sur de la ciudad, o se afecten importantes desarrollos como es el de la planta de tratamiento, de aguas residuales, el relleno sanitario, el frigorífico regional, la consolidación de proyectos turísticos, zonas industriales y de servicios que ya existen y que se desarrollaran en el futuro inmediato.

La visita de la ministra de cultura en Tunja demuestra la tragedia del país.

Son $3.500 tres mil quinientos millones para promoción de las artes en el país, esto es menos de la mitad de lo que vale el sostenimiento del batallón de alta montaña del norte de Boyacá o muy por debajo de lo que bale, un caballo de paso fino de los incautados a don Diego.
La ministra negra, no dejo un solo peso salvo la adquisición de un programa de bibliotecas para algunos municipios de Boyacá, que recibirán como siempre libros desactualizados y con sobrecostos como ya se ha conocido en otroras adquisiciones.
Los artistas, los empíricos y académicos le exigieron a la ministra que necesitaban por lo menos que los metieran en el nivel uno del sisben porque ni siquiera a esto tienen derecho a tener una mínima seguridad social, peor aun muchos de ellos son gente adulta que no tienen vivienda, tienen hijos, pero nadie ni el municipio, ni la gobernación y menos el gobierno nacional han certificado la condición de estos como artistas, es decir no existen para el estado.
Esta tragedia se complementa con lo que fue la modificación a la ley de transferencias, que significo un sustancial recorte al rubro de cultura, y deporte que para municipios como Tunja, en el próximo 8 años representa una perdida de recursos incluyendo cobertura y calidad educativa cercanos a los $200.000 doscientos mil millones de pesos, según estadísticas del mismo MEN.
¿Qué sociedad es esta que deja morir de hambre y enfermedad a sus artistas, como sucede en la actualidad con ‘’’’’’’’’’’’’, mientras derrama recursos en ministerios de guerra, de vías para la competitividad, y de subsidios para los terratenientes de los agrocumbustibles?.
¿Qué pueden esperar municipios como Tunja, que dentro de su plan de desarrollo cerca del 30% corresponden a proyectos relacionados con el arte, incentivo a la cultura, e inclusión de la JUVENTUD en dichos programas para superar en flagelo del alcoholismo?.
La ministra no puede decir nada, por que sus giras no son mas que un acto de engaño como todo lo que hace un régimen que sin reparos, enrruta a una sociedad hacia la elección de la guerra, y es que es lógico que son dos atipadas, la cultura, el arte que significa construir pensamientos para el humanismo, la libertad de crear y pensar y la guerra, que no soportara jamás que exista una sociedad con posibilidades de recrear así sea sus propias desventuras.
No existe peor momento para el arte, la cultura y los artistas en Boyacá que un contexto de mercantilización y vulgarización de estos bienes intangibles que son derechos públicos tan preciados como el agua, promoción de la banalización que hace la secretaria de cultura del departamento con la cultura del espectáculo, las ferias y fiestas de los pueblos que son folklor, pero no necesariamente expresión suprema de la creación sino de eventos donde gana Sumiller, y recortes presupuestales millonarios, por efectos de la suspensión de la ordenanza pro cultura que obliga a las empresas a aportar a este sector de la sociedad, y uno que otro alcalde tonto que se deja embarcar en el cuento de las cofinanciaciones sacrificando las propias prioridades sociales de sus comunidades.
Los retos son muchos y es preciso que estos creadores y productores de el encantamiento, se organicen para defender sus derechos como artistas y el derecho de los boyacenses a tener una verdadera política cultural, que nos de identidad y universalidad.

Pedro Pablo Salas Hernández.
Concejal de Tunja