jueves, 31 de julio de 2008
HOMENAJE A JAIME GARZON
A PROPOSITO DE LA VENTA DE ACCIONES DE PAZ DEL RIO
La ley 734, código único disciplinario, la constitución nacional y demás normas que rigen las funciones de los servidores públicos, obligan a que primen los intereses supremos del bien general, y el cuidado de los recursos públicos.
No se entiende como dos trascendentales proyectos de ordenanza fueron aprobados a altas horas de la noche por la asamblea del departamento el 29 de julio y el 30 en horas de la madrugada, sin que medio de comunicación alguno o ciudadanos participaran del desarrollo de las sesiones y lo que allí se estaba aprobando.
El proyecto de ordenanza 026, que tiene como fin adoptar los criterios que estableció el gobierno nacional, en la ley 1151 o plan de desarrollo que obliga a los entes territoriales a entrar en un manejo empresarial para que los acueductos de municipios y veredas sean rentables, adoptando sendas inversiones del estado, endeudamientos, pignoración de rentas futuras, pero muy especialmente incremento de las tarifas ya que como lo establece la misma ley, deben ser atractivos para que estos serán prestados por el sector privado, esto se hace en respuesta al recorte del Sistema general de participaciones que sufrieron todos los entes territoriales del país.
Igual y mayor trascendencia tiene para Boyacá, las facultades que entrego la asamblea a través del proyecto de ordenanza 018, para que el gobernador venda el 20.9% de las acciones que tiene el departamento, consolidando el gran negocio que para Votorantim, significa el control del 100% porciento de cerca de 300 mil hectáreas concesionadas de riqueza carbonífera, cientos de proyectos mineros a través de la explotación de piedra caliza, coque, generación de energía térmica, y actualmente declarada como zona franca por el gobierno nacional.
Sin que se exploraran alternativas, empresariales y de vinculación del capital regional a unos de los proyectos mas ambiciosos de la historia. El departamento se desprende de tan valiosos recursos, no obstante el riesgo de pleitos jurídicos sin resolver que pueden llevar al departamento a grandes perdidas millonarias en el futuro por la imprudencia y ligereza de sus administradores, como acaba de suceder con el fallo del consejo de estado que obliga al departamento a reconocer a la corporación parque temático la libertad, una suma superior a los 100 mil millones de pesos de indemnización.
Como boyacense y concejal de Tunja, hago un llamado al señor gobernador para que no sancione dichas ordenanzas, hasta que no se discuta con la opinión pública del departamento sus alcances, y se resuelva los fallos en la corte suprema de justicia.
PEDRO PABLO SALAS HERNÁNDEZ
miércoles, 30 de julio de 2008
UNA FACULTAD DE DERECHO PROTECTORA DE LA COMUNIDAD
Los alumnos se han destacado en iniciar acciones frente a temas tan delicados como la potabilidad del agua (sabemos que 120 municipios boyacenses carecen de agua potable), el peligro de las bebidas energizantes, la moralidad administrativa frente a contratos leoninos, la salubridad pública, el Plan Nacional de Desarrollo, la defensa de la Plaza del Sur de Tunja, el rechazo a la venta de EBSA, el TLC violatorio de la soberanía, las uniones homosexuales y el derecho al tercer sexo, el impacto por riego de cadaverina en los cementerios, la contaminación ambiental, etc. Inclusive frente a la omisión del Ministerio de Hacienda y del Congreso de apropiar los recursos por $10 mil millones para paliar el agudo déficit de la UPTC se presentaron acciones populares y de cumplimiento con el fin de obligar a estos entes a girarle la plata que le deben a la Universidad, dada la inercia del rector.Sólo me resta invitar a los líderes de los municipios para que aprovechen estos servicios que presta la UPTC como entidad sin ánimo de lucro y que prácticamente son gratuitos.
LA REFORMA A LA JUSTICIA: UN EMBELECO MÁS
Lo demás es de simple maquillaje o “ingeniería constitucional” de medio pelo en los términos de Bobbio, pero se centra en el fortalecimiento del Príncipe en la selección de Fiscal, Procurador y otros cargos de no menor monta. Fortalecer el presidencialismo es negativo en una democracia auténtica, pues el principio de check and balances se altera, máxime cuando se prepara la tercera estrofa con firmas pagadas a $200 por cabeza.El Gobierno ha debido consultar ante todo a la academia, a todas las Facultades de Derecho (hay 134 programas en Colombia), a los juristas más reconocidos, para buscar generar un consenso en torno a un a propuesta que supere el estado de injusticia que reina en el país, con un fortalecimiento en el número de jueces, fiscales y magistrados, para que la protección de los derechos fundamentales no sea una ilusión sino la garantía de respetar a los ciudadanos como seres humanos, pues se ha tendido a ser menos garantistas, en especial en la legislación laboral. Crear una Sala de Selección y Revisión con 100 Magistrados de la Corte Constitucional que revise un 70% de las tutelas que llegan en 2 meses máximo, y no como hoy ocurre donde sólo se revisa menos del 1% de las tutelas. Igualmente, morosidad es impunidad, casos como el del Galeón San José que duró 20 años en el Contencioso implica reforzar todas las Salas del Consejo de Estado, de los Tribunales y aumentar los Jueces Administrativos (que cuando empezaron ya estaban congestionados) para que se falle de manera expedita, ojalá aplicando el principio de oralidad. La jurisdicción ordinaria también requiere un fortalecimiento de sus cuerpos judiciales, más recursos para sus tareas –como todos- pues los procesos también son muy lerdos por la congestión. De nada nos sirve nombrar jueces de descongestión temporales si luego el problema retorna. El CTI en la Fiscalía requiere un refuerzo para superar el estancamiento del sistema penal acusatorio, preparándolos a la altura de sus responsabilidades, pues hay quejas.
La Corte Constitucional debe ser la encargada de cerrar la línea de tutelas contra sentencias por vía de hecho y debe recordarse el famoso salvamento de voto del magistrado Boyacense Ciro Angarita Barón en la Corte cuando defendió la tesis de la tutela contra sentencias al expresar que ningún juez es infalible. Amanecerá y veremos.
LA LECHE CRUDA LA CORTÓ EL GOBIERNO
Resulta curioso entrevistar a ancianos de más de 90 años que dicen haber consumido leche cruda desde pequeños y llegan a edades longevas en perfectas condiciones de salud. Si lo que buscamos es el derecho a no tener hambre y la garantía de una asistencia nutricional, flaco servicio le hace el Gobierno a este postulado, cuando recientemente murieron de física hambre 11 menores en Barranquilla, sin que para ellos hayan marchas que llenen las plazas, como las de la Virgen del Milagro. El derecho a no tener hambre debe estar en la agenda colectiva de todos los gobiernos en el mundo, pues el derecho a alimentarse no es “solo llenarse”, sino ingerir las proteínas básicas exigidas por el cuerpo para desarrollar sus potencialidades. La FAO dijo que los colombianos somos un pueblo desnutrido y que consumimos menos de las calorías diarias exigidas por la dieta básica, lo cual genera otras enfermedades. Y si vemos que la comida cada día es más cara, que el aumento ínfimo del salario mínimo ya se lo “comió” la inflación por culpa del Gobierno neoliberal, indudablemente no podemos pasar de largo frente a la justa reclamación de millares de lecheros, pues con el decreto el vaso de leche se pondrá inalcanzable para millones de personas pobres, que son la mayoría de los colombianos.En síntesis, en Colombia se está cometiendo un genocidio social y sus víctimas no son precisamente entrevistadas para medir la popularidad del Presidente.
CARTA A LA ASAMBLEA DE BOYACA
BOYACA
Oficio No. 091 – 2.008
ATTE. DOCTOR ARMANDO QUIÑONES
Presidente
Asunto: Proyecto de Ordenanza 026 de 2.008 vs el agua como derecho fundamental y bien público.
Honorables Diputados.
Miramos con preocupación el proyecto de ordenanza “Por el cual se autoriza al Gobernador del departamento para la adopción del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los servicios de Agua y Saneamiento –PDA- en le Departamento de Boyacá y se dictan otras disposiciones”, especialmente en la adopción de un manejo empresarial privado de los servicios, construidos con recursos públicos.
Los resultados sociales de la privatización con la ley 142 de 1.994, nos han planteado la necesidad de impulsar el referendo para que el agua se consagre como un derecho humano fundamental y un bien público, ante lo cual la adopción del camino privatizador creemos que merece un profundo y exhaustivo análisis de cara al pueblo de Boyacá.
Por tal motivo recurrimos a vuestra experiencia y sabiduría pero en especial a vuestro espíritu patriótico y como defensores de los intereses de los boyacenses, para que se haga público, amplio y democrático el debate antes de tomar cualquier determinación que sin duda comprometerá el bienestar de Boyacá por muchos años. Para lo cual ofrecemos desde ya todo nuestro apoyo y colaboración que a bien consideren pertinente.
Por su gentil atención ante tan trascendental decisión les expresamos nuestras congratulaciones.
Atentamente,
COMITÉ PROMOTOR DEL REFERENDO POR EL AGUA EN BOYACA.
YOLANDA FONSECA LUIS ARTURO SUAREZ P.
ECOFONDO PTE. CONCEJO TUTA.
VICTOR NARCISO DAVILA C. TATIANA PRECIADO GAITAN
CUT BOYACA RED DE SALVAJE ESPERANZA
OLIVERIO CASTILLO BURBANO
LIGA DE USUARIOS DE SPD.
c.c.p.: medios de comunicación nacionales y regionales, usuarios y organizaciones
jueves, 24 de julio de 2008
miércoles, 23 de julio de 2008
HACIA DONDE VA EL PULSO ENTRE ALCALDE Y CONCEJO DE TUNJA.
Los periodistas que asistieron al concejo de Tunja para una rueda de prensa fueron contundentes y persistentes en demostrar, que la pelea entre alcalde y concejo está generando un hecho político de ingobernabilidad, que a la ciudad no le importa esa pelea y sobretodo, por qué no hay propósitos nobles en su trasfondo.
Los jóvenes, hombres y mujeres que asistieron a la corporación, fueron mucho más allá. Hablaron como ciudadanos, como habitantes de Tunja e hicieron un llamado a las partes para que primen los intereses de la comunidad Tunjana y su desarrollo; se cuestionó con contundencia el hecho de que se haya amenazado con aplicar moción de censura a 4 funcionarios, y finalmente no fue sino una amenaza y un ánimo de profundizar las diferencias con la administración, luego ya se está pidiendo la renuncia del alcalde de la ciudad, lo cual pone en evidencia la irresponsabilidad e imprudencia como se quieren maximizar diferencias no se sabe con que propósitos.
La administración de Arturo Montejo en los primeros seis meses se hace indefendible, especialmente por la copia de un modelo de administrar que choca con varios sectores de la ciudad. El primer afectado es el sector político que le cobra el hecho de querer manejar autónomamente el presupuesto, la burocracia y los contratos, para una ciudad que ha vivido del clientelismo y la corrupción esto es imperdonable; existen sectores gremiales como Caracol, acostumbrados a pasarse por la faja la reglamentación del urbanismo, utilitaristas de los bienes públicos, que finalmente los transforman en rentas especulativas para ellos a costa del bienestar de la ciudad; allí también hay incomodidades y existen otros sectores que deben entrar en análisis de las reacciones que se están generando.
El impredecible arrojo de Arturo Montejo debe tener preocupados a quienes se benefician con los impactos urbanísticos y de desarrollo que trae la perimetral (todos estos dueños de tierras) que en cualquier momento les pueda caer una reglamentación que les exija que la propiedad privada está en función social y que deben compartir esas ventajas del desarrollo con los mas pobres etc.
Es decir, que pueden existir sectores que les interese esta pelea y le vayan a echar mas carburante. Tunja debe tener sus ojos bien abiertos y el alcalde Arturo Montejo debe gobernar sin estrés y no dejarse arrastrar por el odio de sus contrincantes, un mal cálculo político frente a la arremetida conservadora, ahora secundada por el partido Liberal y los verdes, y algunos gremios económicos, lo pueden dejar en la calle como cualquier vendedor ambulante.
PEDRO PABLO SALAS HERNANDEZ.
CONCEJAL DE TUNJA.