Por Luis Bernardo Díaz
Presidente de Asoprofe-UPTC
En medio del conflicto con la Corte Suprema de Justicia, el cual aún subsiste, el Gobierno Nacional ha presentado un proyecto de reforma a la justicia fruto de la consulta con una “Comisión de Sabios”, varios de los cuales en su momento fueron cuestionados por tener contratos con el Estado y realizar una propuesta de acuerdo con las necesidades del “príncipe”.La reforma se centra en la doble instancia para el juzgamiento de los aforados, así como la pérdida de investidura en dos tiempos, sobre todo para los parlamentarios involucrados en la parapolítica. Surgen varios interrogantes: ¿Por qué sólo hasta ahora y nunca en los 17 años de vigencia de la Carta surge esta “novedosa” propuesta? ¿Acaso se buscan fines torticeros con la iniciativa, ahora que por fin la justicia está brillando y tiene procesados a decenas de paramentarios que mancillaron la institucionalidad?
Lo demás es de simple maquillaje o “ingeniería constitucional” de medio pelo en los términos de Bobbio, pero se centra en el fortalecimiento del Príncipe en la selección de Fiscal, Procurador y otros cargos de no menor monta. Fortalecer el presidencialismo es negativo en una democracia auténtica, pues el principio de check and balances se altera, máxime cuando se prepara la tercera estrofa con firmas pagadas a $200 por cabeza.El Gobierno ha debido consultar ante todo a la academia, a todas las Facultades de Derecho (hay 134 programas en Colombia), a los juristas más reconocidos, para buscar generar un consenso en torno a un a propuesta que supere el estado de injusticia que reina en el país, con un fortalecimiento en el número de jueces, fiscales y magistrados, para que la protección de los derechos fundamentales no sea una ilusión sino la garantía de respetar a los ciudadanos como seres humanos, pues se ha tendido a ser menos garantistas, en especial en la legislación laboral. Crear una Sala de Selección y Revisión con 100 Magistrados de la Corte Constitucional que revise un 70% de las tutelas que llegan en 2 meses máximo, y no como hoy ocurre donde sólo se revisa menos del 1% de las tutelas. Igualmente, morosidad es impunidad, casos como el del Galeón San José que duró 20 años en el Contencioso implica reforzar todas las Salas del Consejo de Estado, de los Tribunales y aumentar los Jueces Administrativos (que cuando empezaron ya estaban congestionados) para que se falle de manera expedita, ojalá aplicando el principio de oralidad. La jurisdicción ordinaria también requiere un fortalecimiento de sus cuerpos judiciales, más recursos para sus tareas –como todos- pues los procesos también son muy lerdos por la congestión. De nada nos sirve nombrar jueces de descongestión temporales si luego el problema retorna. El CTI en la Fiscalía requiere un refuerzo para superar el estancamiento del sistema penal acusatorio, preparándolos a la altura de sus responsabilidades, pues hay quejas.
La Corte Constitucional debe ser la encargada de cerrar la línea de tutelas contra sentencias por vía de hecho y debe recordarse el famoso salvamento de voto del magistrado Boyacense Ciro Angarita Barón en la Corte cuando defendió la tesis de la tutela contra sentencias al expresar que ningún juez es infalible. Amanecerá y veremos.
Lo demás es de simple maquillaje o “ingeniería constitucional” de medio pelo en los términos de Bobbio, pero se centra en el fortalecimiento del Príncipe en la selección de Fiscal, Procurador y otros cargos de no menor monta. Fortalecer el presidencialismo es negativo en una democracia auténtica, pues el principio de check and balances se altera, máxime cuando se prepara la tercera estrofa con firmas pagadas a $200 por cabeza.El Gobierno ha debido consultar ante todo a la academia, a todas las Facultades de Derecho (hay 134 programas en Colombia), a los juristas más reconocidos, para buscar generar un consenso en torno a un a propuesta que supere el estado de injusticia que reina en el país, con un fortalecimiento en el número de jueces, fiscales y magistrados, para que la protección de los derechos fundamentales no sea una ilusión sino la garantía de respetar a los ciudadanos como seres humanos, pues se ha tendido a ser menos garantistas, en especial en la legislación laboral. Crear una Sala de Selección y Revisión con 100 Magistrados de la Corte Constitucional que revise un 70% de las tutelas que llegan en 2 meses máximo, y no como hoy ocurre donde sólo se revisa menos del 1% de las tutelas. Igualmente, morosidad es impunidad, casos como el del Galeón San José que duró 20 años en el Contencioso implica reforzar todas las Salas del Consejo de Estado, de los Tribunales y aumentar los Jueces Administrativos (que cuando empezaron ya estaban congestionados) para que se falle de manera expedita, ojalá aplicando el principio de oralidad. La jurisdicción ordinaria también requiere un fortalecimiento de sus cuerpos judiciales, más recursos para sus tareas –como todos- pues los procesos también son muy lerdos por la congestión. De nada nos sirve nombrar jueces de descongestión temporales si luego el problema retorna. El CTI en la Fiscalía requiere un refuerzo para superar el estancamiento del sistema penal acusatorio, preparándolos a la altura de sus responsabilidades, pues hay quejas.
La Corte Constitucional debe ser la encargada de cerrar la línea de tutelas contra sentencias por vía de hecho y debe recordarse el famoso salvamento de voto del magistrado Boyacense Ciro Angarita Barón en la Corte cuando defendió la tesis de la tutela contra sentencias al expresar que ningún juez es infalible. Amanecerá y veremos.
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