La ley 734, código único disciplinario, la constitución nacional y demás normas que rigen las funciones de los servidores públicos, obligan a que primen los intereses supremos del bien general, y el cuidado de los recursos públicos.
No se entiende como dos trascendentales proyectos de ordenanza fueron aprobados a altas horas de la noche por la asamblea del departamento el 29 de julio y el 30 en horas de la madrugada, sin que medio de comunicación alguno o ciudadanos participaran del desarrollo de las sesiones y lo que allí se estaba aprobando.
El proyecto de ordenanza 026, que tiene como fin adoptar los criterios que estableció el gobierno nacional, en la ley 1151 o plan de desarrollo que obliga a los entes territoriales a entrar en un manejo empresarial para que los acueductos de municipios y veredas sean rentables, adoptando sendas inversiones del estado, endeudamientos, pignoración de rentas futuras, pero muy especialmente incremento de las tarifas ya que como lo establece la misma ley, deben ser atractivos para que estos serán prestados por el sector privado, esto se hace en respuesta al recorte del Sistema general de participaciones que sufrieron todos los entes territoriales del país.
Igual y mayor trascendencia tiene para Boyacá, las facultades que entrego la asamblea a través del proyecto de ordenanza 018, para que el gobernador venda el 20.9% de las acciones que tiene el departamento, consolidando el gran negocio que para Votorantim, significa el control del 100% porciento de cerca de 300 mil hectáreas concesionadas de riqueza carbonífera, cientos de proyectos mineros a través de la explotación de piedra caliza, coque, generación de energía térmica, y actualmente declarada como zona franca por el gobierno nacional.
Sin que se exploraran alternativas, empresariales y de vinculación del capital regional a unos de los proyectos mas ambiciosos de la historia. El departamento se desprende de tan valiosos recursos, no obstante el riesgo de pleitos jurídicos sin resolver que pueden llevar al departamento a grandes perdidas millonarias en el futuro por la imprudencia y ligereza de sus administradores, como acaba de suceder con el fallo del consejo de estado que obliga al departamento a reconocer a la corporación parque temático la libertad, una suma superior a los 100 mil millones de pesos de indemnización.
Como boyacense y concejal de Tunja, hago un llamado al señor gobernador para que no sancione dichas ordenanzas, hasta que no se discuta con la opinión pública del departamento sus alcances, y se resuelva los fallos en la corte suprema de justicia.
PEDRO PABLO SALAS HERNÁNDEZ
CONCEJAL DE TUNJA.
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