Siguen las políticas de entrega en Boyacá.

Por PEDRO PABLO SALAS HERNANDEZ.CONCEJAL PDA DE TUNJA

Dos debates se adelantan a puerta cerrada en el Departamento de Boyacá, especialmente en dos sectores económicos estratégicos que tienen una misma condición, cumplimiento de las políticas del gobierno de Uribe, de leyes y decretos que propician la concentración en grandes capitales y la exclusión de las mayorías en el departamento con las graves consecuencias sociales que esto conlleva. Me refiero al tema del control sobre el renglón cárnico, con el cierre de más de 100 mataderos en el departamento y los pasos hacia la privatización del agua, para que la maneje un operador especializado es decir el capital privado donde no se excluye una multinacional.
El gremio que agrupa a los grandes ganaderos del país FEDEGAN, presento el estudio que hizo hacia la viabilidad para la construcción de las plantas de beneficio o frigorífico regional, que de cumplimiento al decreto 1500 sobre inocuidad y salud publica en este importante renglón de la economía.
En Boyacá según este estudio se sacrifica mensualmente 300 cabezas de ganado, es ese el consumo total según una metodología propia de FEDEGAN, estimando número de animales por finca, y con base en el informe se concluye un promedio de consumo per cápita. De acuerdo con lo anterior, los boyacenses consumimos la menor cantidad de carne del país.
A los alcaldes no se les invito, “por conservar la pureza del estudio, para que no se fuese a contaminar con los intereses politiqueros de estos.” Según FEDEGAN los llevo a la conclusión que el frigorífico debía construirse en Tuta, precisamente en la misma ciudad donde comerciantes de ganado y distribuidores minoristas de la región han comprado un lote para hacer una planta de sacrificio con el aporte de todos, y sin el apoyo de ningún ente gubernamental.
El disgusto de alcaldes que hicieron presencia en el recinto no se hizo esperar, descalificaron por mentiroso el estudio, discriminador, y antisocial ya que solo tuvo en cuenta los rendimientos financieros del proyecto sin que se mirara las implicaciones sociales y el detrimento patrimonial que les ha causado la irresponsabilidad del INVIMA, que les hizo ejecutar inversiones a muchos alcaldes, para luego obligarlos a cerrar las plantas. En el departamento dice complaciente el Secretario de Fomento Agropecuario GERARDO ARIAS, “ya hemos cerrado 100 de 132 que existen, porque nosotros si somos cumplidores de la ley”, el proyecto de construcción del frigorífico cuesta 24 mil millones de pesos, surge la inquietud quienes están tras el negocio de hacer de la carne un producto costoso y con el absoluto monopolio del mercado como lo planteo FEDEGAN.
En el mismo sentido cumpliendo con la ley de aguas contemplando lo estipulado en la ley 1151 o plan de desarrollo del presidente URIBE, se ha vinculado a casi todos los municipios del departamento para que comprometan vigencias futuras hasta el año 2017, lo grave del asunto es la profunda desinformación con las que han actuado la Asamblea departamental que aprobó la ordenanza, y los alcaldes y concejos municipales frente a la obligatoriedad que significa el capitulo del plan de desarrollo, ¨mi plan departamental de aguas¨ de donde a Boyacá le corresponden cerca de 30 mil millones del gobierno nacional, exigiendo a cambio la entrega de los recursos de los 123 municipios por los traslados de SGP, al igual que los recursos de la gobernación, mas recursos propios y de crédito que entregarían los entes territoriales, para que finalmente el operador sea un empresario privado, que estaría avalado por la junta directiva de la sociedad de economía mixta, en la cual tiene asiento el gobierno, el ministerio de medio ambiente, dos alcaldes y el delegado de la gobernación.
La filosofía es la privatización, la expresa en una edición reciente Eva María Uribe, La Súper De Servicios Públicos la cual contempla para Boyacá el incremento de tarifas bajo un esquema de rentabilidad empresarial , una nueva estratificación que cobija a el sector rural y urbano en el departamento de Boyacá, así las cosas se están dando pasos rápidos hacia la privatización del agua, para uso domestico, agropecuario e industrial, para que se convierta en un negocio con delicados alcances sociales, por las condiciones de nuestro departamento y por las intenciones del gobierno nacional, expresadas en el irrespeto al texto del referendo del agua que se discute actualmente en el congreso de la república, con un elemento abominable como es que exista el derecho a la apropiación por heredad, que convertirá a Boyacá en una guerra a muerte entre vecinos por el agua.