Luego de agotar todos los tramites legales la Alcaldía Municipal de Tunja, decidió
declarar la terminación del contrato de obra pública No 423 de 2010, a través
de la resolución 1325 del 18 de octubre del 2013. De esta manera la
administración del alcalde Fernando Flórez Espinosa da cumplimiento a lo
determinado por el Juzgado Segundo Administrativo de la ciudad de Tunja y al
tribunal administrativo de Boyacá Sala Numero 2, luego de los análisis jurídicos,
sentencias y demás consideraciones de orden legal, como queda suficientemente
ilustrado en la parte motiva de la
resolución (Ver resolución completa).
Este contrato que había sido firmado por el exalcalde Arturo
Montejo y el señor Luis Fernando Mesa Ballesteros, (ver investigaciones sobre este contratista,) por un valor inicial
de $5.759.950.437 y el 30 de diciembre de 2011, horas antes de terminar la
administración, con la prohibición expresa por
medida cautelar de girar recursos y sin que
hubiesen arrancado ningún tipo de obra,
adiciono a dicho contratista la suma de $2.822.352.500, en total $8.581,000,000, recursos que con la decisión
resolutoria, 1325 quedan libres y harán parte de las disponibilidades presupuestales,
con las que cuente el actual mandatario de los Tunjanos, pueda dar cumplimiento
a los compromisos en el Plan de desarrollo y necesidades de la ciudad.
Razones de planeación, incumplimiento del lleno de
requisitos, violación a la ley de contratación, imposibilidad e inconveniencia
del proyecto, son entre otras las razones
que tuvieron la justicia y la
administración actual para declarar terminado el contrato de la Megavia. De
esta manera se ratifica las razones que como actor popular tuve en su momento para demandar dicho contrato, por las amenazas al interés
general de los tunjanos, y a la moral administrativa, como lo señale en su
momento.
“La ausencia de planeación ataca la esencia misma del interés
general, con consecuencias gravosas y en muchas ocasiones nefastas no solo para
la realización efectiva de los objetos pactados, sino también para el
patrimonio público que en ultimas es el que siempre está involucrado en un
contrato estatal” Sentencia Consejo de estado 27315 de 2013. Ratificando que no es otra la razón que ha motivado las
acciones que se han interpuesto para defender los patrimonios, espacios públicos,
recursos financieros, el medio ambiente, en las acciones que se han adelantado
en mi condición de ciudadano y Concejal, veeduria que esta sujeta a señalamiento,intolerancia y odio en mi contra,lo que no puede a cambiar la labor para que los bienes públicos,que son de la sociedad, y que en su defensa se tenga que seguir acudiendo a la justicia, protegiéndolos de los intereses mezquinos de particulares y de quienes representan los intereses de la sociedad,en las esferas del poder, en este caso desde lo local,aunque parezca paradójico seguir defendiendo los bienes públicos del mismo Estado.
PEDRO PABLO SALAS HERNANDEZ
CONCEJAL TUNJA
PEDRO PABLO SALAS HERNANDEZ
CONCEJAL TUNJA
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