Cabildo Abierto de Iniciativa popular.
Tunja 27 de Junio de 2007 Ponencia por: Oliverio Castillo Burbano – Economista U. Nal. Coordinador en Tunja de “El Usuario”: Periódico de las Ligas de Usuarios de los Servicios Públicos
A partir de la aplicación de las políticas económicas neoliberales impuestas por el Banco Mundial, aceptadas por el gobierno nacional e implementadas en Tunja en la segunda mitad de los años noventa, nuestra ciudad ha sufrido con las desmesuradas alzas en las tarifas en beneficio de quienes se han ido apoderando de nuestras empresas de servicios públicos, en un marco normativo que favorece el negocio financiero antes que el derecho a estos servicios básicos, en especial con la expedición de las Leyes 142 y 143 de 1994. La ciudadanía, sus líderes y organizaciones han recorrido todas las oficinas e instancias legales de regulación, vigilancia y control y todas les han dado la razón a los negociantes, y la espalda a nuestros golpeados ciudadanos. Los gérmenes de organización y movilización son incipientes y necesitamos, primero unificarnos, y luego potenciarlos.
Esta política neoliberal en el manejo de los servicios públicos golpea despiadadamente las ya dezmadas condiciones de vida de nuestros conciudadanos sea como hogares, comerciantes o industriales y ameritan un juicioso diagnóstico, análisis y concertación de propuestas políticas y sociales que nos unifiquen para impulsar la organización de los usuarios y su movilización por frenar y reversar estos atropellos impuestos por el capital financiero internacional ante un gobierno que ha dado muestras de indignidad como en los bochornosos espectáculos de cabildeo y arrodillamiento con el TLC ante el gobierno y las multinacionales norteamericanas, dispuesto a entregar los más caros intereses y la soberanía nacional en el manejo de nuestra economía. Por las restricciones de tiempo en el día de hoy nos referimos básicamente a dos aspectos de los servicios públicos para la ciudad de Tunja: el primero, el impulso al referendo constitucional por el agua como derecho fundamental y el segundo a la resistencia civil organizada contra la venta de lo que aún queda de la empresa de energía eléctrica de Boyacá. En ambos es imprescindible la participación de todas las fuerzas y organizaciones de Tunja y Boyacá sin distingos de ninguna índole. Y el llamado es a la vinculación en estas dos importantes tareas a todos los presentes, incluyendo al concejo municipal, a la administración municipal, a la iglesia, a las organizaciones sindicales, a los candidatos y precandidatos de todos los partidos, a los usuarios y a sus organizaciones y a la ciudadanía en general.
Lo que está sucediendo en Tunja con el agua se explica, porque a raíz de las políticas neoliberales, grandes multinacionales extranjeras o pequeños avivatos nacionales, comienzan a ver el agua como un jugoso filón de negocios. La experiencia internacional, en los casos de Sudáfrica y Bolivia, confirman que privatizar el agua no solo puede ser causa de difusión de enfermedades que afectan gravemente a la población, sino objeto de levantamientos populares contra los operadores multinacionales privados.
Sesenta organizaciones entre las cuales se cuentan la Unión Nacional de usuarios de lo Servicios Públicos, la Asociación de Vocales de Control de los Servicios Públicos, el Sindicato de Trabajadores de las empresas de Servicios de Bogotá, la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC-, Ecofondo, Censat, Amigos de la Tierra y el Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad de Caldas, tomaron la iniciativa de promover un referendo constitucional para incluir en la Constitución de Colombia el derecho humano al agua , con un mínimo vital gratuito para las personas que no puedan pagarlo; la prohibición de la privatización del servicio de acueducto y alcantarillado el cual quedará a cargo exclusivo de entidades que no persigan el lucro, estatales y comunitarias, y la protección especial para los ecosistemas estratégicos en el ciclo hidrológico.
El referendo que impulsamos tiene como objetivo lograr que al ser declarada derecho fundamental, el agua adquiera, además, la calidad de bien público, es decir que su producción, conservación, almacenamiento, tratamiento y distribución tengan por objeto la satisfacción de las necesidades de la industria, la agricultura, el comercio, y en especial las de la población, incluso para aquellos sectores que por su condición económica no puedan pagarla. Para este último grupo se contempla la existencia de un consumo mínimo vital de al menos 25 ms3 por familia al mes. En todo caso, estos sectores de la población dispondrán del agua que sea necesaria para la satisfacción de sus necesidades básicas, tengan o no con qué pagarla.
Se contempla también que el recurso hídrico no pueda ser privatizado, que su propiedad sea pública y que su gestión sea responsabilidad del Estado y de comunidades organizadas, y que su prestación se haga sin ánimo de lucro.
Durante varios años han medrado alrededor del Ministerio del Medio ambiente, Multinacionales como Suez Lyonnaisse des Ex, Aguas del Suez, Bechtel multinacional de San Francisco California, Aguas de Barcelona y otras más, buscando una legislación que aplique un modelo para el manejo de nuestra riqueza natural con los criterios de privatización y máxima ganancia para las multinacionales.
El proyecto de Ley del Agua, tramitado en el Congreso de la República entre 2005 y 2006, y que fue finalmente retirado por presión de diversas organizaciones ambientalistas, Sociales y de usuarios, respondía a ese interés, evidentemente contrario a la nación. Pero las multinacionales no duermen y el gobierno nacional tampoco, y ya volvieron a presentarlo.
Este hecho nos obliga a adelantar esta tarea con mayor decisión, organización y urgencia. Salir al paso de las multinacionales y consagrar constitucionalmente el agua como derecho fundamental permitirá proteger el interés de la nación, el ciclo hidrológico y a los usuarios.
De otra parte, el agua como elemento esencial del medio ambiente, está contemplado en el Tratado de Libre Comercio – TLC – con los Estados Unidos. El Capítulo 18 de este tratado contempla las políticas y prácticas comerciales del agua orientadas a un rentable y seguro negocio en poder de monopolios multinacionales que conlleva a aberraciones como el de cobrar por el agua lluvia, nuevos costos por tasas de uso y tasas ambientales y la privatización de los Ríos y los páramos.
Adelantar este referendo tiene otra justificación. El parlamento colombiano acaba de aprobar una reforma constitucional para reducir las transferencias que la Nación entrega a los municipios para que atiendan las necesidades de salud, educación, agua potable y saneamiento básico de sus poblaciones. Si para cientos de miles de colombianos, hoy es difícil atender el pago de estos servicios públicos, y no es extraño encontrar compatriotas pidiendo limosna para pagarlos, mucho menos lo podrán hacer con el acto legislativo aprobado recientemente por imposición del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en virtud del cual, entre el 2008 y 2016, las regiones dejarán de percibir 48 billones de pesos, de los cuales ceca del 10%, es decir 4,8 billones de pesos corresponden a saneamiento básico, que ahora serían cubiertos por los usuarios.
Sin agua no hay vida y esta debe ser un derecho fundamental. Sobre ella se ciernen varias amenazas. Unas derivadas del capítulo ambiental del TLC, que abre las puertas a las multinacionales para convertirla en un jugoso negocio. Otras del recorte de las transferencias a las regiones, que implica mayores dificultades para que municipios y departamentos puedan ampliar la cobertura, mejorar la calidad del servicio y subsidiar lo consumos de los más pobres. Y otras más, derivadas del Plan Nacional de Desarrollo y de las políticas del gobierno nacional de imponer, a través de los Planes departamentales del Agua, la implementación del modelo del Banco Mundial.
La sensibilidad del tema en la opinión pública colombiana y la alta disponibilidad de la ciudadanía a defender el agua, puesta de manifiesto en frecuentes y nutridas manifestaciones de diverso tipo, conducen a confiar en el éxito del referendo. Este deberá impulsarse precisamente como parte de la movilización social por el agua que aflora por toda la geografía nacional y no sustituye las resistencias regionales y locales frente a la privatización y el encarecimiento de los servicios públicos. Por el contrario, apunta a dar a estas un referente nacional capaz de oponerse a las políticas del Banco Mundial y las multinacionales, dócilmente acogidas por el gobierno nacional, y que algunas administraciones locales se afanan y se ufanan
por implementarlas sin meditar en sus causas ni en sus consecuencias u olvidando las promesas de defender los intereses de sus electores.
Estos hechos y razones nos llevan a promover el referendo, a pedirles a las diversas organizaciones comprometidas, la constitución de Comités Promotores en todas las regiones de Tunja, Boyacá y de Colombia, y a desplegar en barrios y veredas, escuelas, colegios y universidades, fábricas y sindicatos, concejos municipales y acciones comunales, acueductos comunitarios y distritos de riego, todas las acciones de organización y educación posibles para lograr el objetivo de que el agua sea un derecho fundamental de los colombianos, los tunjanos y boyacenses.
Para el referendo por el agua ya están disponibles los formatos para la recolección de firmas, pero por la coyuntura electoral del 28 de octubre próximo, creemos conveniente que a partir de agosto debemos hacer una pausa, para retomar la tarea en el mes de febrero de 2008 y llevarla hasta su culminación acompañada de grandes movilizaciones y debates que esclarezcan hasta la saciedad el fondo político y económico del problema.
Frente al problema de la Ebsa propongo inicialmente un foro y la conformación de un comité por su defensa como empresa en manos del Estado, con todas las organizaciones, partidos y dirigentes que estén dispuestos a participar, previa invitación amplia a la ciudadanía. Mi invitación a los usuarios es que exijamos el manejo de este servicio público y de sus empresas en manos del Estado el único capaz de garantizar la cobertura y calidad con tarifas subsidiadas, ya que los privados lo único que les interesa son las ganancias para lo cual exigen e imponen alzas continuas de tarifas, no invierten ni mantienen ni mejoran el servicio, cuando de invertir se trata le ceden el puesto al Estado y a los usuarios, ellos solo están para cobrar y quedarse con las ganancias. La Ebsa es patrimonio de los boyacenses rechacemos su entrega a menosprecio a manos de las multinacionales. Defendamos el patrimonio público, su privatización implica mayores tarifas del servicio.
Nuestros países hermanos nos dan ejemplo, allí están Venezuela, Ecuador y Bolivia, donde sus gobiernos y sus pueblos han derrotado la privatización de los servicios públicos y se sacudieron sus onerosas tarifas. Pongámonos a tono con los vientos democráticos que recorren América Latina.
Gracias.
