A finales de los 80, se permitió que los alcalde sustituyeran al INTRA y determinaran las necesidades del transporte Urbano que debería acomodarse a las necesidades de la demanda, es así que nacen las empresas afiladoras, y se monto un gran negocio entre Alcaldes y empresas, consistente en vender cupos para poder operar en las ciudades lo que termino por sobre ofertar el transporte urbano, buses, colectivos y taxis.
En la ciudad de Tunja, todas las empresas se convirtieron en afiladoras, y sin que mediara, estudio de demanda, estudios de rutas, se desconocieron leyes como la 105 de 1993, dando paso a un transporte caótico en interés de los empresarios, y el afán de lucro de los Alcaldes. Un ejemplo es la Empresa Trans Muiscas cuyo parque automotor, en 1987 era de 29 buses y 17 busetas;en el 2001,la empresa tenía 13 buses, 52 busetas, y 97 microbuses, en una década se triplico su capacidad transportadora,esta deficiencia se tradujo en elevadas tarifas.
Esta política toma un camino en reversa, con las nuevas políticas que implanto el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en su afán de concentrar y crear un nuevo clima de negocios para inversionistas poderosos, lo que se tradujo en nuevos planes de racionalizar el servicio, crear operadores monopólicos, y de esta forma sacar a los pequeños del mercado con procesos de chatarrización, a través de los sistemas integrados de transporte ley 1151/97. Se crearon planes de movilidad en las ciudades, inversión en infraestructuras (Mega vías), en una lógica de mercado, y mejorar la rentabilidad del sector. Lo que menos importa en este modelo son los usuarios.
En Tunja, la medida, y el negocio se pensaba montar a través del sistema integrado el Tunjo, sin embrago la reacción de la ciudadanía, con un maratón de firmas e inconformidades, llevaron a Arturo Montejo, y los gerentes de las empresas reversaran la medida. Sin embargo se implemento un inhumano sistema de control de pasajeros, violando la resolución 1171/1995 y el empresariado liderado por la familia Rincón, en Trans Muiscas dueños del 80% de las acciones de esta empresa, a través de unos leoninos contratos de afiliación en la actualidad les pretende quitar a las malas el dinero a los propietarios, los obliga a tanquear en sus propias estaciones de servicio con sobrecostos de $15.000,por tanqueo, se monto en un proyecto de talleres en el Norte de la ciudad, para que los afiliados hagan todo el mantenimiento, del arque automotor, cierra la puerta del copiloto, para que las esposas de los conductores paguen la entrega del almuerzo, ya que estos deben trabajar 16 horas, dos jornadas de trabajo por una, etc.
Esto llevo a conformar una organización sindical, de conductores lo que ha generado reacciones violenta de persecución y despidos de los gerentes de empresas contra los trabajadores sindicalizados. Sin embrago el gobierno de Santos acaba de comprometerse con Obama, a proteger los sindicatos y evitar este tipo de desmanes, y el Ministro del interior, Vargas Lleras en el proyecto de seguridad ciudadana que está a punto de ser ley, contempla “ hasta con cinco años de cárcel, a quienes obstruyan la formación de sindicatos”.
Rechazo merese la actitud del Secretario de transito de Tunja que el decreto 170 de 2001 les otorga el rango de autoridades competentes para evitar estos atropellos y al Personero que recientemente se burlaron del acuerdo que hicieron los transportadores, con el gerente de la Empresa Transmuiscas. igual responsabilidad le corresponde al Concejo municipal de Tunja, que por dos ocasiones no ha querido aprobar el proyecto de acuerdo de iniciativa popular, que busca acabar con todos estos conflictos que se generan en el sector.
PEDRO PABLO SALAS HERNANDEZ
CONCEJAL PDA TUNJA
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