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| Foto. Muncipio de Tunja |
Esta magistrada desvirtuó los argumentos de la demanda y afirmo que carecían de pruebas y llama la atención a la juez de primera instancia por haberse excedido en el estudio de los hechos que rodearon los puntos específicos que se tocaron dentro de la acción popular. En el mismo sentido le hace un llamado a que se auto limite porque dentro de la exigencias no estaba que investigara los desequilibrios financieros que tenían los proyectos específicos,ni la inexistencia de estudios y tampoco la pobreza absoluta de un plan serio que soportara dichos proyectos, su argumento central se baso en que dicho proyecto estaba en el plan de desarrollo y que con esto bastaba para considerar que el crédito había sido tramitado correctamente por el Concejo Municipal.
Me acusa de querer utilizar la justicia involucrándola en el control político de competencia del Concejo municipal, y desvirtúa argumentos como los del contralor municipal, quien para esta fecha conocía la forma errática como se estaba adelantando no solo los asuntos del trámite del crédito, sino los asuntos de la administración de la ciudad.
El golpe que le causa la magistrada a la acción popular no es de poca monta ya que va en contra de la ley 472 en su artículo 5, en donde se le da amplias facultades a los jueces para que ahonden y no pongan limites formales a las investigaciones que busquen proteger la moral administrativa y el patrimonio general de la sociedad, en el mismo sentido, se ha legislado en varias sentencias por el honorable Consejo de Estado. Por el contrario con el fallo se castiga a la juez por haber escudriñado sobre las irregularidades que rodearon el trámite del acuerdo del empréstito
Valga decir que en los fallos recientes de los jueces, donde se han demandado estas obras se demuestra cuánta razón teníamos quienes acudimos en su momento a demostrar la irregularidad del crédito, no solo por la carencia de estudios previos sino por la forma irregular y corrupta como se desarrollan los acontecimientos, ¿que dirá la justicia sino es delictiva la forma cómo se han venido invirtiendo los recursos de los famosos mega parques, que dirá la justicia que a 15 días de acabarse la administración quiera modificarse el plan de ordenamiento para tratar de corregir los yerros en el contrato de la Glorieta muisca?, ¿cuanta razón no teníamos en observar que la famosa megavía no existió sino en la cabeza del alcalde Arturo Montejo que finalmente termina por desistir del proyecto?, ¿Cómo le responderán los contratistas de los planes viales a la ciudad que a los dos meses de iniciados los contratos se les adiciono recursos, y hoy tienen envolatados los arreglos de la destruida malla vial de la ciudad, y sin embargo la administración pretende seguir adicionándoles millonarios sumas. Los acontecimientos van por el camino correcto que advirtió la juez, y quienes acudimos a la justicia para corregir acuerdos corruptos entre concejales y alcalde.
No se explica que a quince días de acabarse esta administración, se presente proyectos de acuerdo para querer trasladar cerca de 20 mil millones del crédito que no se han podido gastar y comprometerlo de manera irregular, o concesionar el terminal de transporte y dejarle un negocio amarrado a la nueva administración entre otros asuntos, e insisten en regalarle millonarios impuestos a la multinacional Makro, cuando a partir del año 2012, todos los Tunjanos pagaran una elevada carga de impuesto predial. La magistrada no puede evadir su responsabilidad social, puesto que precisamente es la justicia el recurso con que cuenta la sociedad civil para proteger los bienes públicos de las malas decisiones de los administradores de turno.
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