Tomado de: Boyacá 7 días
A pesar que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi tasó el 17 mil millones de pesos la Plaza, está se iba a vender a 5.000 mil millones.
Una juez de Tunja ordenó liquidar la sociedad Agrocentro S.A., firma que compraría la Plaza, aduciendo defensa del patrimonio público.
La juez noveno del Circuito Administrativo de Tunja le puso fin a la 'culebrón' de la venta de la Plaza de Mercado del Sur.
La justicia ordenó disolver y liquidar a Agrocentro S.A. en un plazo no superior a 60 días, contando a partir del pasado 11 de enero, y conformar un comité para verificar que se cumpla dicho fallo.
La decisión se produjo luego de casi año y medio de litigio entre la sociedad de economía mixta Tunja Progresa, la Alcaldía municipal, comerciantes de la Plaza y el concejal del Polo Democrático Pedro Pablo Salas.
El cuento había iniciado cuando Tunja Progresa, sociedad conformada por de accionistas de Bogotá y el occidente de Boyacá (57 por ciento) y la Alcaldía de la ciudad (43 por ciento), fue conformada a las carreras para participar en la convocatoria pública 013 de 2006 (publicada en el Nuevo Siglo), la cual entregaría la Plaza por un valor de cinco mil millones de pesos (dinero del que no llegó un peso a la Tesorería de la ciudad) para que construyera un nuevo centro de abastos.
De la unión de Tunja Progresa y la Alcaldía salió Agrocentro S.A., entidad que ejecutaría la transformación de la Plaza.El contrato fue adjudicado el 26 de septiembre del 2006.
Agrocentro comenzó entonces a ofrecer a los cerca de 1.800 comerciantes de la Plaza los nuevos locales (sobre planos) a precios que oscilaban entre los 40 y 300 millones de pesos, cifras 'astronómicas' para quienes trabajan allí.
Sin embargo, esa misma oferta fue la que alertó a los comerciantes, quienes hasta ese momento desconocían el negocio que se tejía sobre su centro de trabajo.
Los comerciantes buscaron apoyo en el concejal Salas, quien interpuso una acción popular para detener la venta alegando que se vulneraban los derechos colectivos a la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público.
"Es que se estaban metiendo con la cuchara de miles de boyacenses pobres, y eso no lo íbamos a permitir", dijo el concejal. Finalmente la justicia le dio la razón.
La victoria en los estrados judiciales le significaba al concejal una millonaria suma por haber sido el autor de la demanda, sin embargo, Salas renunció al incentivo.
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