Tunja la inseguridad como desajuste social

Algunos estudios de comportamiento de población hechos para Colombia, desde finales de los años 70 hasta 2005 y con proyecciones a 2020,colocan al departamento Boyaca en el primer lugar de expulsor de población en el país por encima de departamentos con mayor tamaño población,como lo muestra el cuadro movimientos migratorios para Boyaca, Bogota recepciona buena parte de esta población entre otras razones según estudios de migración han mostrado entre otros como la crisis del sector agropecuario ha sido un factor causante del fenómeno migratorio campo ciudad y de desterritorializacion de su población  especialmente migrando hacia las cabeceras municipales, como la ciudad de Tunja, igualmente se ha dado un proceso de re composición interna de población en edad de trabajar frente a la población dependiente, con un aumento de adultos mayores  (Marcela)

Sin embargo quienes llegan a estas ciudades muchas ocasiones por factores de oportunidades educativas y en búsqueda de mejores oportunidades de empleo, tampoco encuentran oportunidades para su estadía, y existe emigración hacia regiones como Bogotá, Casanare y Cundinamarca, principalmente, en reciente informe del PNUD, para Tunja, afirma “el sistema económico que predomina en la ciudad no incorpora ni responde adecuadamente a las demandas laborales de la población económicamente activa”(PNUD, 2012), Según este mismo estudio el 97% de empresas, son micro con un capital inferior a los $250.000.000,la definen  como un proceso social muy crítico en un proceso social migratorios. El gráfico 6 tomado de informes del Dane clara mente muestra que los movimientos migratorios son de la población en edad de trabajar y con un mayor nivel de productividad,y calificación de origen  regional,un mal silencioso como es la expulsión  de fuerza de trabajo calificada.

A pesar de ser Tunja receptora de fenómenos de inmigración la ciudad se registra en términos población con una menor tasa de crecimiento, “lo que indica que esfuerzo de distribución del ingreso sea sobre un denominador menor”. Según el  mismo informe PNUD coloca la informalidad como una de las principales fuentes de generación de oportunidades de trabajo un problema endémico y muestra de precario nivel de ingresos que existen en la ciudad.

Los niveles de crecimiento de inseguridad en Tunja.

¿Cómo explicar que el índice de delitos en Tunja sea superior a los del orden nacional? ¿Por qué en ciudades intermedias como Tunja en una aparente tranquilidad y relativa paz, los delitos comunes superan los índices en ciudades con conflicto armado?

Los gráficos muestran como las modalidades de los distintos delitos se vienen presentando en la ciudad, de forma creciente  no obstante que en los últimos 5 años los recursos se cuadruplicaron al pasar de 1200 millones a cerca de 5500 millones en la actualidad, de 178 policías en el 2012 se pasó a 263 en el año 2013, de 8 cuadrantes de seguridad, se pasó a 21 cuadrantes para darle un mayor control y seguridad a sus habitantes, de 19 cámaras de seguridad ahora se pasó a 28, se nombraron, nuevas nominas, con 23 órdenes de prestación de servicios para “reforzar las funciones de la  secretaria de gobierno” por un valor de $298.657.000,nuevas 80 motos, nuevos CAI etc.  ¿Por qué a pesar de la mayor cantidad de recursos, policías y control el delito común no disminuye, sino como lo demuestran los gráficos aumenta? 

Los gráficos inferiores se muestra cada una de las tipologias de los delitos que se suceden en la ciudad,todos ellos relacionados con violación a la pequeña propiedad o delito común. Según informes de la policía nacional, la mayor parte cometido por personas jóvenes y residentes en la ciudad es decir que son ciudadanos que por distintos factores  han delinquido, y como lo señalan los gráficos la tendencia de todas las modalidades de delitos son crecientes, lo que crea un nivel de descontento social por la percepción de inseguridad que se esta presentando tanto en el área urbana como rural, con fenómenos como  el abigeato.  

Intervención del Estado y los desajustes sociales 

Una implicación a este fenómeno debe encontrar en los desajustes  socio económicos por los que pasa la ciudad, y es su estancamiento Los sectores productivos de la ciudad han tenido un estancamiento en los últimos años, y según los informes Dane, la cifras de desempleo para el 2013, en el caso de Tunja están dentro de las mas altas del país,  contrastan con las cifras, de inversión en seguridad como lo muestraque  la figura han aumentado exponencial mente  tanto del rubro recursos propios como de cofinanciación. 

La respuesta no es nueva ni aparece ahora, experiencias han mostrado que los recursos  de seguridad en ciudades con problemas de estancamiento las cuales se ven en la obligación  de invertir mas recursos en seguridad para controlar los fenómenos que como Tunja, se expresan en inseguridad generalizada , parte de los fenómenos falta de alternatividades que presenta el modelo de desarrollo con un alto nivel de exclusión social.  

Aunque parezca paradójico se presenta una desafortunada coincidencia en Tunja con la teoría del  Estado del neoclasicismo en que no toda intervención del estado peerse es buena, hay intervenciones que pueden desmejorar las condiciones sociales que teóricamente es lo que debería hacerse para ayudar a los rezagados o los de la escala más baja de la escala social, según principios Keynecianos Este parece ser el resultado de lo que viene pasando en la ciudad de Tunja, donde le municipio  no soluciona pero si puede estar empeorar las condiciones de los pobres según se desprende de las acciones de política tributaria donde el 75% contribuyentes son de estrato 1,2,3 y de las acciones de los endeudamientos que como lo muestran el cuadro aparece la ciudad de Tunja   con el segundo  índice de endeudamientos más altos del país,(ver cuadro saldo de deuda publica) y con enormes costos fiscales  que  como lo señale recientemente en una análisis sobre los costos de la deuda pagada por los sectores empobrecidos de la ciudad con sus impuestos dirigidos a los más ricos, es decir al sector bancario, una muestra del fracaso del municipio para resolver los problemas de la población mas necesitada  http://eldebateboyacense.blogspot.com/2013/05/tunja-el-olvido-de-los-pobres-y-los.html .

No son estos acaso intervenciones equivocadas del estado quitarle a los pobres para darle a los ricos? ¿no crea esto mayores niveles de atraso y estancamiento social como lo demuestran las cifras del estancamiento que tiene la ciudad en sus sectores productivos?, ¿no son los ahorros que captura el municipio un factor de empobrecimiento que no están transfiriendo a los contribuyentes con dificultades  de pobreza sino que el estado se convirtió en rentista  captura ingresos para gastos burocráticos y pago del servicio de la deuda,(93% de los recursos propios se destinan a estos dos sectores) creando un factor de deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos en general y de los más pobres en particular?, aunque parezca paradójico hoy la intervención del municipio es inversa a los propósitos del bien común de los ciudadanos por la estructura que adopta el municipio de Tunja y sus rentas, es un estado regresivo que le cuesta cada vez más a los pobres su sostenimiento  incluyendo su mediocre papel como regulador de  otro factor de empobrecimiento y que suma al desajuste social como son los operadores de los servicios públicos privatizados en la ciudad, es un estado aliado  de los sectores rentísticos y capitalistas, con un  abandono a los pobres incluyendo que son las mismas empresas operadoras las que hacen las re estratificaciones en su ´propio beneficios, es decir es un estado local fallido,  que no cumple con funciones básicas en evitar los abusos en mercados no competitivos y de posiciones dominantes que empeoran la línea de pobreza por captura de ingresos de las familias, que pueden estar llevando a los niveles de malestar social expresándose en violencia intrafamiliar, comunitaria y niveles de la delincuencia común.

Más del 50% de la población en edad de trabajar en la ciudad como lo muestra el cuadro tiene algún nivel de desocupación o pertenece al grupo de desempleados abiertos el cuadro muestra las estadísticas históricas que colocan  a Tunja con un nivel de desempleo superior al promedio nacional,  

Los relativos estancamientos que se muestran en el comportamiento de la población en la ciudad de Tunja obedecen a que  su población especialmente la joven está emigrando según el PNUD, la tasa de dependencia en la ciudad la población menor a 14  años y mayor a 60 ha aumentado, en total para Tunja son 63.864, la mayor parte de los 16.450 adultos población no pensionada y dependiente de 74.000 personas ocupadas( Rodriguez Araujo,uptc) lo que explica, que cada vez los ingresos se reparten en un mayor porcentaje de personas especialmente el aumento de la población mayor explica el fenómeno de un pasivo social cada vez mayor y un bono laboral capacitado que emigra por falta de oportunidades laborales, mano de obra calificada que empeora en términos generales la crisis de oportunidad de la ciudad, y los ingresos reales óptimos. el gráfico superior muestra el estancamiento del crecimiento población no obstante fenómenos de inmigración que llegan de otras regiones del departamento de Boyacá, “de acuerdo a las proyecciones poblacionales entre el 2012 y el 2015,el crecimiento anualizado será de 1.94%”PNUD,””el bajo nivel de crecimiento endógeno de la población en Tunja, se ha compensado por la llegada de personas de municipios vecinos, que encuentran aquí mejores servicios especialmente en el campo educativo”, PNUD, es decir que si no fuera por factores de inmigración la población en Tunja no solo no crecería sino que por factores de emigración podría decrecer.

Conclusión

En municipio de Tunja cada vez le cuesta mas a los pobres, los ingresos que pagan los sectores empobrecidos a través de impuestos van a las arcas de los ricos configurándose el papel de un estado inverso, quitarle a los pobres para darle a los ricos, el asistencialismo social actual se ha visto  afectado por la aplicación  anti técnica de Sisben III, donde la irresponsabilidad de  municipio de Tunja termino por  sacar de registros por puntaje a familias necesitadas de subsidios, a esto se agrega la reestratificacion socioeconomica en la que esta empeñada la administración del alcalde Fernando Florez, un hecho que traerá como consecuencia  a un amento generalizados de estratos con profundas implicaciones en los costos de los servicios públicos y tributarios,empeorando el nivel de ingresos de las familias de la ciudad  una forma disfrazada de justificar mas cargas para el   funcionamiento perverso del Estado, convirtiéndose a la ves en una causal de desajuste social que incide en los niveles de desespero y búsqueda de resolver los básicos de la vida por los sectores empobrecidos como es el hurto y delincuencia común.

Según las mismas estadísticas del PNUD, 4.000 menores de de 17 años  trabajan en la ciudad. la solución como lo demuestran las cifras no sera exclusivamente con más policías, se necesita un cambio profundo   del papel del municipios-estado, devolviéndole su papel de agente redistribuidor de rentas,(una oportunidad que se podría aprovechar en la revisión actual del POT,)  redistribuir óptimamente los recursos limitados,una política tributaria progresiva y no regresiva, y lograr  un combate frontal contra la corrupción (ver cuadro Informe Contralor al concejo,el costo de la corrupción en Tunja), parte de los hallazgos para dos años
Un hecho preocupante según el organismo de control del ultimo crédito de 35.000 mm los rendimientos financieros para los bancos son de 5.126.243 millones y lo que estos le pagan al municipio por rendimientos de sus cuentas d sus depósitos asciende entres años a 1.151.782 millones, estas cifras ente el  relativo bajo  recaudo tributario, de la ciudad  se convierte en un factor de alto impacto,y des-ahorro  que le sigue costando más  a los que más necesitan de políticas públicas para salir de su estancamiento y pobreza.Necesario construir el camino verdadero un nuevo modelo de desarrollo endógeno con inclusión que permita superar la trampa de la pobreza en que se encuentra envuelta la ciudad de Tunja,  

Marcela, D. A. L. CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DEMOGRAFICA EN BOYACÁ Y SU IMPACTO SOCIOECONOMICO (1985-2000). UNIVERSIDAD NACIONAL BOGOTA, BOGOTA.

PNUD. (2012). Estado de avance de los objetivos del desarrollo del milenio. TUNJA.

Vuelve el “boyacensismo”

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• Una vez más se escuchan en Boyacá altisonantes voces que expresan su ingente amor por este Departamento y que reclaman, “indignadas”, respeto y consideración al resto del país. Hace pocas semanas el motivo de manifestaciones como estas fue la derrota de la aspiración departamental para ser la sede de los Juegos Bolivarianos (http://goo.gl/QEwd8), ahora, ese sentimiento emerge nuevamente por la decisión del Comando del Ejército Nacional de conmemorar la Batalla de Boyacá, no solo en Boyacá, sino también en Medellín. (http://goo.gl/Wx58I)

  Cabe suponer que este tipo de exaltaciones hacen parte de ese fantasmagórico concepto, bastante empleado por algunas personalidades del departamento, denominado “boyacensismo”. Los que usan el término suelen no detenerse a explicar qué entienden por tal, sin embargo, a la luz de los acontecimientos es posible establecer algunas características del “boyacensismo” imperante.

  En primer lugar las expresiones de este “boyacensismo” siempre provienen de los poderosos, bien sea los políticos o los medios de comunicación con más audiencia. En los dos casos anteriormente mencionados quienes encienden la polémica son justamente éstos, por eso el eco en las calles y en las redes sociales es automático. El “boyacensismo” suele permanecer indiferente a expresiones de boyacenses menos ilustres; el despliegue no es el mismo -las más de las veces ni siquiera hay despliegue alguno- cuando se trata de las reivindicaciones, manifestaciones o proyectos de ciudadanos de capas sociales menos privilegiadas (El caso de los movimientos ambientalistas que han surgido en Tasco y Sogamoso es ejemplar ¿Cuántas portadas y cuantos tuits han merecido?).

  En segundo lugar, esta forma de “boyacensismo” emerge solamente cuando el departamento se encuentra en competencia. No se trata entonces de ser mejores en consonancia con nuestras posibilidades, caminos y problemas propios sino de ser más, de imponernos, de exhibir ante otros nuestras condiciones y méritos excepcionales.

  En consonancia con esta aparece otra característica del “boyacensismo” en comento: surge, sí y solo sí, en virtud de asuntos a partir de los cuales pueda hacerse show mediático -recuérdese que los máximos propaladores de este boyacensismo suelen ser nuestras personalidades mas egregias-. Si no se puede posar con gesto de indignación ante los medios, o tuitear con rabia, si no se puede llegar al corazón de un gran número de electores o compradores del medio de comunicación, no vale la pena exaltarse. Es pertinente traer a colación a este respecto el hilarante y vergonzoso episodio que tuvo lugar en el Festival Internacional de la Cultura del 2010 cuando Paulina Rubio nunca llegó a su presentación, no está de más recordarlo, financiada con recursos públicos. Aquella vez se escucharon furibundas quejas por los “daños muy graves” causados a “Boyacá”, nada se dijo de los daños causados por los funcionarios públicos que decidieron dejar de invertir en algo más relevante y prioritario 150 millones de pesos dados a la “artista”.(http://goo.gl/YjIFy)

  La trivialidad es también otro rasgo definitorio del “boyacensismo” referido. Significa esto que suele centrarse en aspectos irrelevantes de los problemas o en objetos propiamente irrelevantes. Por ejemplo, en su manifestación más reciente, es decir, la suscitada porque en Medellín se va a celebrar, también, la Batalla de Boyacá, la preocupación es, básicamente, que no se van a realizar unos desfiles militares. Que los ciudadanos boyacenses del común conozcan, apropien, valoren, critiquen, desarrollen su propia historia, que sea la gente de a pie la que celebre y rememore racionalmente este acontecimiento es algo que parece no preocupar mucho. ¿Cuántos eventos culturales, que impliquen hacer memoria crítica y que involucren participativamente a los boyacenses, no solo como asistentes, se realizan en estas fechas? Para un ciudadano del común como el que escribe estas líneas no es claro que esta pregunta sea realmente considerada por los mismos que tanto se quejan de que en Medellín se realicen unas paradas militares.

  La superficialidad en el caso que referimos encuentra otras curiosas manifestaciones. Por ejemplo, el presidente de la sociedad Bolivariana, como quien descubre el agua tibia y revelando una verdad solamente parcial, señala que “la campaña libertadora de 1819 se realizó en suelo boyacense”. De otra parte el “Gobierno departamental” mostró en declaraciones a la prensa que su inconformidad radica fundamentalmente en que los altos mandos militares y la elite gobernante no van a estar en Boyacá en esas celebraciones, por eso manifestó que en el evento, que de todas formas va a realizar, “espera la presencia del presidente Juan Manuel Santos” (http://goo.gl/Wx58I). Es decir, lo importante no es la historia, ni la valoración de la gesta, ni los ciudadanos de a pie, sino que el acto social pierda importancia por la ausencia de la elite político-militar.

  Finalmente, esta especie de “boyacensismo” conduce a la exageración de los legítimos afectos al terruño en desmedro de una actitud crítica frente a realidades propias del departamento que son absolutamente objetables y que merecerían una atención prioritaria: la pobreza, la baja calidad de la educación, la precaria inversión social, las afectaciones crecientes al medio ambiente, entre otras. Los gobernantes son quienes mayores beneficios reciben de esta forma de patrioterismo en menor escala, ya que logran hacerse a discursos fáciles que les permiten generar consensos fundamentados más que en la razón en un sentimentalismo pobre y pasajero. Ya quisiera ver uno semejantes exhibiciones de indignación y de orgullo departamental o despliegues mediáticos parecidos ante problemas de verdad sentidos; en situaciones tales lo que prima es el silencio generalizado.

  Esta clase de episodios deberían, a mi juicio, conducirnos a pensar mejor de qué nos sentimos orgullosos los boyacenses y por ende qué es lo que realmente merece ser defendido y de quién hay que defenderlo. Es urgente que no sean las elites político-mediáticas las que impongan las preocupaciones sino que estas provengan del debate ciudadano y de los problemas reales; es preciso que propendamos porque nuestro orgullo boyacense sea compatible con la capacidad para desplegar sobre nosotros mismos una critica constructiva que nos permita, por la vía del desarrollo de nuestras mejores posibilidades, alcanzar metas que consulten los verdaderos intereses de las mayorías y no que nos pongan a competir obtusamente con otras ciudades con las cuales mejor sería cooperar. 

  
  

  Pablo Andrés Malpica León

  Boyacense

DESCENTRALIZACIÓN: ENTRE EL GASTO SOCIAL Y EL SERVICIO DE LA DEUDA. EL CASO DE TUNJA

Por
SIERVO TULIO DELGADO RUIZ
PEDRO PABLO SALAS HERNÁNDEZ

Resumen. 

En el escrito se analizan las implicaciones que tiene el endeudamiento público sobre la autonomía de la política de gasto, en particular el gasto social, tomando como caso de estudio el municipio de Tunja, donde se evidencian los resultados propios de la aplicación del modelo descentralizador Neoclásico, que trasfirió las responsabilidades de gasto a los gobiernos locales, pero no les otorgó fuentes de recursos para la financiación de las mismas, dejándolos a merced de las condiciones impuestas por los mercados, en especial el financiero, que se erige como el nuevo proveedor de recursos para los entes territoriales, con las implicaciones económicas y sociales que ello acarrea. Inicialmente se presentan algunas ideas sobre los postulados teóricos que orientan el proceso de descentralización, vistos desde la mirada crítica de la heterodoxia, para pasar luego a revisar el actual panorama del endeudamiento público territorial en Colombia y, en un tercer acápite, revisar el caso de Tunja frente al comportamiento reciente del endeudamiento y el sacrifico de recursos que ello amerita, frente a los requerimientos sociales que presenta la comunidad capitalina, como evidencia de los resultados de la aplicación del modelo teórico previamente enunciado. Finalmente, el escrito se cierra con la presentación de algunas conclusiones.

1. La relación descentralización y deuda pública: una breve revisión conceptual.

En primera instancia es importante comprender lo que implica el proceso de descentralización, que sí bien es cierto promueve la participación en la toma de decisiones a nivel local, también lo es que trae grandes implicaciones.

La finalidad de la descentralización es acercar la oferta a la demanda, desde una lógica de mercado, al delegar a lo local el suministro de bienes bajo la lógica de competencia.

Así, desde la teoría Neoclásica se distinguen tres tipos de descentralización.1 

 1. Ésta clasificación se hace con base en los planteamiento de César Giraldo (2009), la cual corresponde al análisis de la descentralización a la luz del modelo Neoclásico actual, pero analizado desde la visión de la heterodoxia.

La descentralización administrativa, que surge cuando se trasladan funciones y puede darse en dos casos: cuando pasan del nivel central nacional al descentralizado (establecimientos públicos, por ej.), o cuando se trasladan del nivel nacional al territorial. Sin embargo, tal traspaso de funciones (gasto) debe tener implicaciones fiscales (ingresos).

La descentralización política, que tiene un carácter vertical al trasladar ciertas responsabilidades políticas a los entes territoriales, responsabilidades que también implican recursos hacia los niveles subnacionales, alcanzando su máximo avance con la elección popular y directa de los gobernantes locales.

Y la descentralización fiscal, que indica la transferencia de un porcentaje de los recursos que recauda el gobierno nacional a los entes territoriales para poder financiar las funciones que se trasladan por la descentralización política y administrativa.

El modelo descentralizador fue introducido en Colombia a mediados de los años 80 y fue profundizado con la Constitución de 1991, donde se desarrolla a fondo con el fin de introducir criterios de mercado a la provisión de bienes públicos (Giraldo, 2009: p. 139). Así, los agentes cuando eligen donde ubicarse expresan sus preferencias al comparar lo que les brinda la localidad frente al precio en impuestos de tales beneficios, tal y como lo hacen en el mercado de bienes privados (Wiesner, 1992: p. 52), de manera que “las ciudades menos competitivas expulsarán recursos productivos y las competitivas los atraerán” (Giraldo, 2009; p. 139).

Por esta razón, un criterio que justifica la descentralización es la subsidiariedad la cual indica que “la provisión de los bienes debe corresponder al nivel inferior que pueda proveerlo y financiarlo, de manera que la mayor cercanía ente la oferta y la demanda de bienes públicos, más la movilidad de los factores de producción, lleva a una asignación óptima” (Op. Cit. p. 140).

Sin embargo, al revisar históricamente la descentralización en Colombia, según Giraldo, se identifican dos fases: la de los años ochenta, cuando se inicia su aplicación, durante la cual se cedieron responsabilidades, competencias y recursos a los gobiernos locales, sobre todo en áreas sociales, manteniendo el recaudo el nivel central y transfiriendo a las regiones parte del mismo. La otra fase, es la actual, y constituye una recentralización, ya que “de una parte se recentralizan los instrumentos financieros mediante controles al endeudamiento territorial y la destinación de las transferencias a los gobiernos subnacionales y, de otra parte, se recentraliza el gasto social a través de programas administrados por el ejecutivo nacional” (Op- Cit. p. 144).

De tal manera que los gobiernos locales, ante responsabilidades de gasto cada vez más elevadas y un recaudo tributario casi inflexible, pues los impuestos de mayor eficiencia desde el recaudo son de orcen nacional (renta, IVA, transacciones financieras, patrimonio), quedan con una baja capacidad de generar recursos propios, ante lo cual surge el endeudamiento como la fuente más conveniente para obtención de recursos, erigiéndose el sector financiero como el nuevo financiador de las gestión pública local, con las implicaciones que ello trae para la autonomía territorial. En esa lógica, el Ministerio de Hacienda no gira los recursos que requieren los entes territoriales, pero si les da el aval para que puedan acudir a las entidades financieras, generalmente privadas, en busca de recursos de crédito.

Este esquema obedece a que el gobierno central debe concentrar las finanzas nacionales en el pago de la deuda, interna y externa, por lo cual debe descentralizar los gastos mas no los ingresos, pues éstos deben quedar en el nivel central para dar cumplimiento a los compromisos financieros. En consecuencia, los requerimientos de las comunidades locales no logran ser cubiertas por las transferencias que gira la nación y “se presenta un divorcio entre las necesidades locales y los recursos locales, de manera que no se hace transparente el proceso de elección pública en cuanto a que las decisiones locales no reflejan el costo de adoptarlas” (Op. Cit. p.145), entre ellas, los niveles y destino de la deuda pública.

Debido a la baja capacidad tributaria que caracteriza a la mayoría de municipios de país, frente a las responsabilidades de gasto que deben afrontar, los gobiernos territoriales “…recurrieron al endeudamiento para satisfacer las demandas, aprovechando la autonomía regional, y dado que la descentralización coincidió con las reformas del Consenso de Washington, entre las cuales estaba la liberalización financiera, se generó un boon de crédito disponible para los gobiernos locales que estaban sedientos de crédito.” (Op.Cit p. 146).

En este contexto, el Neoclasisismo concibe la descentralización como parte del proceso de globalización, con el fin de favorecer la libre movilidad del capital internacional e incentivar las demandas sociales, en especial las dirigidas a los gobiernos locales, los cuales, al no disponer de los recursos propios suficientes, deben acudir a un mercado financiero ávido de colocar recursos a tasas de interés elevadas, que son respaldados por ingresos tributarios territoriales, que al ser pignorados limitan la actuación pública en vigencias futuras. Al desaparecer la regulación y existir absoluta libertad en los mercados financieros, el endeudamiento permite la renta especulativa a partir de la captura de los ingresos públicos.

2. Una visión panorámica de la deuda pública territorial.

Al cierre del año fiscal 2011, que es el último consolidado existente, la deuda pública de las entidades territoriales en Colombia alcanzó los $27,77 billones (4,5% del PIB), superior en $2,59 billones al saldo existente para el 2010. Este crecimiento se distribuye en $1,27 billones para las entidades descentralizadas, $614 mil millones para los departamentos, $395 mil millones para los municipios no capitales y $318 mil millones para las capitales. (Contraloría, 2012: p. 111). El monto de la deuda pública territorial resulta modesto si se le compara con el saldo de la deuda pública total, que llegó a $268,3 billones al finalizar 2011

En este último periodo de análisis, a nivel territorial, la deuda de los gobiernos centrales creció el 18%, en tanto que las entidades descentralizadas lo hicieron un 7,1%. Además, los gobiernos de los municipios no capitales aumentaron su deuda en un 27,9%, mientras que las capitales lo hicieron en un 9%. (Op. Cit. p. 113).

El crecimiento de la deuda pública territorial, en parte obedece a los cambios introducidos por el ley 795 de 2003, que flexibilizó un poco el control a la misma si se le compara con la ley 358 de 1997, al establecer el requisito de autorización por parte del Ministerio de Hacienda, solo cuando el ente territorial presente indicadores de solvencia y/o sostenibilidad superiores al 60% y 80%, respectivamente, lo que facilitó que muchos de ellos pudieran acceder a recursos de crédito.

A nivel general, según la Contraloría, “en términos del PIB, la disminución tendencial del saldo de la deuda territorial fue la constante desde 1990 hasta 2006, año a partir del cual se estabilizó en alrededor del 4,44%. Claro está que la mayor parte de ese esfuerzo de ajuste fiscal recayó sobre las entidades descentralizadas, en cuyo caso el saldo disminuyó del 8,0% del PIB en 1990 al 3,0% del PIB en 2011. El aporte al ajuste, por parte de los gobiernos centrales, se concentró entre 2001 y 2008, cuando al amparo del nuevo marco normativo esas entidades solucionaron la llamada crisis de sobreendeudamiento llevando los saldos de la deuda desde el 2,79% del PIB hasta el 1,32% del PIB, cifra ésta alrededor de la cual han oscilado desde entonces.” (Op. Cit. p. 115). Al revisar la fuente de financiamiento, el comportamiento de la deuda pública territorial distingue tres periodos: el primero, entre 1990 y 1997, caracterizado por la sustitución de endeudamiento externo por interno, al punto de que las participaciones de cada uno de esos tipos de deuda dentro del PIB se trocaron, coincidiendo con la crisis de sobreendeudamiento territorial; el segundo, de 1998 a 2006, identificado por la tendencia decreciente de la deuda territorial, ocasionada por la disminución de la deuda interna, que cayó desde niveles cercanos al 6,0% del PIB hasta cerca de la mitad de ese nivel (3,1%), mientras que la deuda externa se estabilizó; y el tercer periodo, vigente desde 2007, se caracteriza por la estabilización de ambos tipos de endeudamiento.

Frente al total de la deuda pública interna, la territorial no alcanza el 10% (9,8% para 2011), y el incremento que tuvo para el año 2011 se debió al incremento de la deuda de los gobiernos centrales por $1,02 billones, en tanto que las entidades descentralizadas redujeron su saldo en $95 mil millones.

El endeudamiento de las capitales, al cierre del 2011, estuvo marcado por la prevalencia de las principales ciudades, que congregan la mayor capacidad financiera; sin embargo, a nivel general, se puede afirmar que su comportamiento frente a la deuda ha sido estable, salvo casos puntuales como Tunja, Montería, Bucaramanga o San Jsé del Guaviare. Los datos consolidados al respecto son (Op. Cit. p. 128):

3. Tunja: Los compromisos financieros desplazan los compromisos sociales.

Como se planteó anteriormente, la descentralización trasladó una serie de responsabilidades a los gobiernos locales, los cuales enfrentan crecientes requerimientos de las comunidades, especialmente de las más pobres. Ante ello, para el caso específico de Tunja, surgen dos interrogantes: ¿Son suficientes los recursos que se invierten en lo social en Tunja? y, si no lo son, ¿Cuáles son las posibles causas que impiden que exista una adecuada financiación de los programas sociales en Tunja?. Para responder a estas dos inquietudes, se hace una presentación general de población con necesidades de atención (población vulnerable) por parte del gobierno local, teniendo en cuenta las principales fuentes de financiación del municipio, así como los componentes del gasto, en particular funcionamiento y pago de deuda, para explicar desde allí una de las posibles causas de la desfinanciación de los programas sociales en la ciudad.

Nota: Espere segunda parte

La defensa de los espacios públicos, y el caso Megavia en Tunja

No fue suficiente  que el Juez Segundo Administrativo de Tunja, profiriera sentencia de primera instancia en el 2012, donde  encontró responsables al  Municipio de Tunja, y la Unión temporal tramo uno 1, cuyo representante legal es el señor Fernando Mesa Ballesteros,  por vulneración o amenaza a los derechos colectivos relacionados con la defensa del patrimonio público, y al espacio  público, procediendo a dejar sin efectos el contrato de obra No 423 de 2010.

Recientemente el 24 de mayo de 2013, el  Tribunal administrativo de Boyacá, ratifico, lo dicho por el Juez y decide suspender dicho contrato cuyo valor ascendió a $5.759.950,437, igualmente suspendió el Tribunal el adicional que le hiciera el exalcalde Arturo Montejo, al  contratista 24 horas antes de irse por valor $2.822.352.500, a pesar de una medida cautelar, y advertencia de la Procuraduría de no efectuar movimiento financiero alguno, pero surge la pregunta ?,¿Qué llevo al ex mandatario de los Tunjanos a poner tantos recursos en  riesgo, previa una orden judicial que ordenaba liquidar el contrato?

Parque la Esperanza afectado 80% por MEGAVIA.

El debate ha tomado una característica entre lo cómico y lo absurdo, pues no obstante existe una orden para que el mandatario actual, pueda tramitar por vía administrativa la decisión de salvar los Parques Santander y La Esperanza y profundizar en lo que es el nuevo marco normativo y de planeación de la ciudad, especialmente el Plan especial del centro histórico, Paseo Avenida Colon (Plan parcial y proyecto integral del borde nor occidental del centro histórico)  y Paseo de  los presidentes que está incluido como proyecto en el Acuerdo 014 de 2001, con un  proceso de construcción articulador de parques y recuperación de los espacios públicos, en la parte motiva del fallo consideran los magistrados “el Centro histórico de Tunja fue declarado monumento nacional por la ley 163  de 1959 y el decreto reglamentario 264 de 1963”. 

A estas decisiones judiciales hay  que  sumar que el Juzgado quinto de Tunja declaro la nulidad absoluta del contrato 330 de 7 de  septiembre de 2010, cuyo objeto era la construcción de la glorieta Muisca, por  vulnerar  los derechos colectivos, a la moral administrativa, al espacio público y patrimonio público, esta decisión fue ratificada en su totalidad por el tribunal administrativo  de Boyacá,

Glorieta Parque Santander
afectado en su totalidad, por Megavia

Haciendo un parangón, mientras en Turquía oleadas de ciudadanos indignados protestan contra el gobierno por querer construir proyecto urbanístico en un espacio público el Parque Gezí; en Tunja, con los jueces a través de acciones populares hemos podido demostrarle a las ciudadanos, que la intervención indebida sobre unos parques afecta el proyecto del  centro histórico, que tiene como destino recuperar, la memoria histórica y cultural, de la ciudad, ruptura que se presenta con el proyecto de Megavia que no solo involucra evidentes hechos de corrupción, improvisación sino que atentan contra los intereses de ambiciosos procesos de renovación urbana y redensificacion, permitiendo pasar de 276.000 M2 a 521.000 M2, construidos en el centro de la ciudad de nueva vivienda, centros de servicios comerciales etc.  Llegándose a estimar este proceso en inversiones en ejecución de proyectos por el orden de  $700.000.000.000, (PEMP) inversiones que revitalizan como polo de desarrollo, local regional y nacional.

Glorieta Muisca segùn PEMP ,sitio de encuentro y artesanal,
salvada  por acción popular

¿Qué espacio público y zona verde por habitante pretenden ofertar los que de manera irresponsable, liquidan el espacio público actual y la potencialidad de ordenar un territorio con los equilibrios, sociales, ambientales a los habitantes del futuro centro histórico de Tunja? sin  sacrificar los obvios requerimientos de movilidad, que como están trazados los perfiles viales no son ni grandes avenidas, ni megavias, sino la consolidación de procesos de peatonalización y reducción del ancho de calzada donde prima el peatón. 

Parque Santander , afectada en 70% por Megavia

En estas condiciones el Alcalde y el Concejo actual tienen la obligación moral de acatar las órdenes que impartieron los jueces, y como queda demostrado el dilema no es, si se hace o no la obra, que como lo demuestran todos los análisis técnicos no es posible, por los inconvenientes señalados  por los mismos jueces, el dilema es si se convalida un acto de corrupción que busca birlar recursos a la ciudad, donde lo que menos importa es si la obra se construye o no; es claro cada vez mas que hay intereses oscuros haciendo lobby en el Concejo Mumicipal para hacer cualquier obra, que justifique gastarse los $8.582.302,000, decisión que tomarían defensores de tal despropósito. 

PEDRO PABLO SALAS HERNANDEZ

CONCEJAL DE TUNJA PDA