La defensa de los espacios públicos, y el caso Megavia en Tunja

No fue suficiente  que el Juez Segundo Administrativo de Tunja, profiriera sentencia de primera instancia en el 2012, donde  encontró responsables al  Municipio de Tunja, y la Unión temporal tramo uno 1, cuyo representante legal es el señor Fernando Mesa Ballesteros,  por vulneración o amenaza a los derechos colectivos relacionados con la defensa del patrimonio público, y al espacio  público, procediendo a dejar sin efectos el contrato de obra No 423 de 2010.

Recientemente el 24 de mayo de 2013, el  Tribunal administrativo de Boyacá, ratifico, lo dicho por el Juez y decide suspender dicho contrato cuyo valor ascendió a $5.759.950,437, igualmente suspendió el Tribunal el adicional que le hiciera el exalcalde Arturo Montejo, al  contratista 24 horas antes de irse por valor $2.822.352.500, a pesar de una medida cautelar, y advertencia de la Procuraduría de no efectuar movimiento financiero alguno, pero surge la pregunta ?,¿Qué llevo al ex mandatario de los Tunjanos a poner tantos recursos en  riesgo, previa una orden judicial que ordenaba liquidar el contrato?

Parque la Esperanza afectado 80% por MEGAVIA.

El debate ha tomado una característica entre lo cómico y lo absurdo, pues no obstante existe una orden para que el mandatario actual, pueda tramitar por vía administrativa la decisión de salvar los Parques Santander y La Esperanza y profundizar en lo que es el nuevo marco normativo y de planeación de la ciudad, especialmente el Plan especial del centro histórico, Paseo Avenida Colon (Plan parcial y proyecto integral del borde nor occidental del centro histórico)  y Paseo de  los presidentes que está incluido como proyecto en el Acuerdo 014 de 2001, con un  proceso de construcción articulador de parques y recuperación de los espacios públicos, en la parte motiva del fallo consideran los magistrados “el Centro histórico de Tunja fue declarado monumento nacional por la ley 163  de 1959 y el decreto reglamentario 264 de 1963”. 

A estas decisiones judiciales hay  que  sumar que el Juzgado quinto de Tunja declaro la nulidad absoluta del contrato 330 de 7 de  septiembre de 2010, cuyo objeto era la construcción de la glorieta Muisca, por  vulnerar  los derechos colectivos, a la moral administrativa, al espacio público y patrimonio público, esta decisión fue ratificada en su totalidad por el tribunal administrativo  de Boyacá,

Glorieta Parque Santander
afectado en su totalidad, por Megavia

Haciendo un parangón, mientras en Turquía oleadas de ciudadanos indignados protestan contra el gobierno por querer construir proyecto urbanístico en un espacio público el Parque Gezí; en Tunja, con los jueces a través de acciones populares hemos podido demostrarle a las ciudadanos, que la intervención indebida sobre unos parques afecta el proyecto del  centro histórico, que tiene como destino recuperar, la memoria histórica y cultural, de la ciudad, ruptura que se presenta con el proyecto de Megavia que no solo involucra evidentes hechos de corrupción, improvisación sino que atentan contra los intereses de ambiciosos procesos de renovación urbana y redensificacion, permitiendo pasar de 276.000 M2 a 521.000 M2, construidos en el centro de la ciudad de nueva vivienda, centros de servicios comerciales etc.  Llegándose a estimar este proceso en inversiones en ejecución de proyectos por el orden de  $700.000.000.000, (PEMP) inversiones que revitalizan como polo de desarrollo, local regional y nacional.

Glorieta Muisca segùn PEMP ,sitio de encuentro y artesanal,
salvada  por acción popular

¿Qué espacio público y zona verde por habitante pretenden ofertar los que de manera irresponsable, liquidan el espacio público actual y la potencialidad de ordenar un territorio con los equilibrios, sociales, ambientales a los habitantes del futuro centro histórico de Tunja? sin  sacrificar los obvios requerimientos de movilidad, que como están trazados los perfiles viales no son ni grandes avenidas, ni megavias, sino la consolidación de procesos de peatonalización y reducción del ancho de calzada donde prima el peatón. 

Parque Santander , afectada en 70% por Megavia

En estas condiciones el Alcalde y el Concejo actual tienen la obligación moral de acatar las órdenes que impartieron los jueces, y como queda demostrado el dilema no es, si se hace o no la obra, que como lo demuestran todos los análisis técnicos no es posible, por los inconvenientes señalados  por los mismos jueces, el dilema es si se convalida un acto de corrupción que busca birlar recursos a la ciudad, donde lo que menos importa es si la obra se construye o no; es claro cada vez mas que hay intereses oscuros haciendo lobby en el Concejo Mumicipal para hacer cualquier obra, que justifique gastarse los $8.582.302,000, decisión que tomarían defensores de tal despropósito. 

PEDRO PABLO SALAS HERNANDEZ

CONCEJAL DE TUNJA PDA